El Gobierno Federal de EEUU continúa sumergido en una incertidumbre administrativa tras prolongar su cierre parcial.
De acuerdo con la agencia EFE, la medida afecta a cientos de miles de funcionarios que son dejados en el limbo salarial, y aplaza decisiones económicas cruciales.
La raíz del cierre radica en el fracaso de dos cruciales votaciones presupuestarias, que se llevaron a cabo el pasado viernes en el Senado.
Vilo económico: Washington mantiene el cierre
Según la agencia, el telón de fondo de esta crisis es una guerra política entre demócratas y republicanos. Ambos partidos se culpan mutuamente por la primera parálisis federal en siete años.
Esta prolongación, con una nueva votación programada para la tarde del próximo lunes 6 de octubre, impacta directamente en la vida de la Administración Central.
Mientras servicios esenciales como el control aéreo o la seguridad en aeropuertos siguen operando, la disfunción generalizada dejó al menos 900.000 trabajadores suspendidos y a otros 700.000 laborando sin percibir sueldo.
El estancamiento presupuestario no solo afecta al personal, sino que también ensombrece el panorama económico nacional, con la suspensión de la publicación de indicadores clave, complicando el monitoreo de la economía tanto para expertos como para la Reserva Federal (Fed).
El laberinto de las cifras en la Administración
La inactividad gubernamental tiene un efecto inmediato en la transparencia económica del país.
El Buró de Estadísticas Laborales (BLS) se vio forzado a suspender la publicación de datos de septiembre, un indicador vital para analistas e inversores. De extenderse el bloqueo más allá del lunes, otras estadísticas fundamentales correrían peligro: la difusión de la balanza comercial el martes, emitida por el Buró de Análisis Económico (BEA), y la publicación de los índices de inflación programada para el 15 de octubre.
Este retraso también podría significar un serio obstáculo para la Reserva Federal, que se acerca a una reunión clave para decidir sobre una potencial rebaja de tipos de interés sin el panorama económico completo.
Choque entre republicanos y demócratas
La bancada republicana acusa a la oposición de forzar el cierre intencionalmente, negándose a ceder ante lo que consideran un intento de financiar servicios sanitarios que beneficiarían a “inmigrantes ilegales”.
Por su parte, los demócratas condicionaron su apoyo al proyecto republicano a la renovación de los subsidios del programa de salud Obamacare que están por expirar, y a la revocación de recortes sanitarios contenidos en la ley presupuestaria impulsada por el presidente Trump.
A pesar de que los republicanos ostentan la mayoría en el Congreso y la Casa Blanca, los demócratas están explotando su minoría en el Senado, donde se requieren 60 votos para aprobar la legislación, forzando a los de Trump a buscar al menos siete votos de la oposición.
El líder republicano del Senado, John Thune, endureció la postura al declarar categóricamente antes de la votación: “No hay nada que negociar”.
La amenaza presidencial de recortes
En medio de este caos legislativo, Trump intervino emitiendo una amenaza de aprovechar la crisis para reducir aún más el tamaño de la administración pública.
Para ello, instruyó a la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) a que exija a las diversas agencias federales la identificación de programas clasificados como no esenciales.
La orden de Trump es clara, si la paralización federal se extiende más en el tiempo, se activarían despidos permanentes, transformando una disputa presupuestaria temporal en una reestructuración duradera del Gobierno federal.
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