La incertidumbre sobre el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos en Estados Unidos se ha profundizado tras una decisión judicial.
El juez federal Edward Chen, de la corte de distrito de California, ordenó una pausa en el caso hasta que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito emita un veredicto sobre una apelación en curso. Esta medida detiene cualquier decisión sobre nuevas mociones o un juicio sumario, a menos que surjan circunstancias de emergencia.
La decisión de Chen se produce mientras una decisión previa de la Corte Suprema mantiene su vigencia, lo que permite a la Casa Blanca poner fin al TPS.
Riesgos de esta decisión
Según el abogado de inmigración John R. De La Vega, este escenario pone en riesgo a quienes se acogieron al programa en 2021. El estatus de protección de estos migrantes vence el 10 de septiembre de 2025, informó Miamidiario.
De La Vega enfatizó que, si no hay una acción urgente, cerca de medio millón de venezolanos podrían perder su estatus legal en pocos días. La situación de estos individuos se mantiene en un limbo jurídico, a la espera de un pronunciamiento que podría tardar.
El futuro del TPS ahora depende de la celeridad con la que el Noveno Circuito resuelva el caso. Aunque se espera que la deliberación pueda extenderse por meses, también existe la posibilidad de una resolución más rápida si el tribunal reconoce la urgencia de la situación que afecta a los beneficiarios.
La decisión final de la corte de apelaciones será crucial para determinar si el programa se mantiene o si el gobierno puede proceder con su terminación.
Contexto del TPS para venezolanos
El Estatus de Protección Temporal (TPS) es un amparo migratorio que el gobierno de Estados Unidos otorga a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias excepcionales.
Venezuela ha sido designada para este estatus en múltiples ocasiones debido a la compleja crisis política, económica y humanitaria que ha generado una migración masiva. La designación más reciente, anunciada en marzo de 2021, brindó protección a cientos de miles de venezolanos que ya estaban en el país, permitiéndoles vivir y trabajar legalmente
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