El presidente Donald Trump está implementando medidas migratorias más estrictas que exigen a los propietarios de viviendas solicitar contratos y documentos de sus inquilinos.
Esta estrategia busca identificar a inquilinos indocumentados como parte de una campaña de deportaciones masivas según informa Mundo Now.
Situación precaria
En California, donde el costo de la vivienda es un problema importante, los inmigrantes sin estatus legal enfrentan empleos mal remunerados y alquileres que consumen gran parte de sus ingresos.
La situación se agrava con casos de familias latinas que, al demandar por desalojos ilegales, han recibido amenazas de detención por parte de ICE antes de llegar a juicio.
En ciudades como Oakland, algunos propietarios comenzaron a interrogar a sus inquilinos sobre su estatus migratorio, utilizando esta información como herramienta de presión para expulsarlos.
Estas acciones no solo buscan deportar a los inmigrantes, sino que también amenazan su derecho a una vivienda digna. Las familias que pierden su único sustento económico se ven forzadas a enfrentar desalojos inmediatos.
El miedo a ser denunciados ante el ICE impide que muchos reclamen reparaciones o mejoras en sus viviendas, a pesar de que la ley los protege.
Defensa de derechos
Los defensores legales advierten que la combinación de altos costos de vivienda y el temor a represalias por parte de los propietarios limita las opciones habitacionales para los grupos más vulnerables.
Se prevé un aumento en los desalojos y el hacinamiento, así como un número mayor de familias que opten por abandonar el país para evitar la detención.
Aunque organizaciones de asistencia legal continúan informando a los inquilinos sobre sus derechos, la presión migratoria federal complica la defensa de estos derechos en un contexto tan desafiante.
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