El presidente Donald Trump ha amenazado con volver a federalizar la policía de Washington, D.C., como respuesta a la negativa de la alcaldesa Muriel Bowser de que el Departamento de Policía Metropolitana (MPD) colabore con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Esta advertencia llega justo después de que expirara una orden de emergencia anterior que había permitido al gobierno federal tomar el control de la fuerza policial de la capital.
La situación resalta la tensión persistente entre la administración federal y los líderes locales del Distrito de Columbia en cuestiones de inmigración y autonomía.
Antecedentes de la disputa entre Trump y la policía de Washington D.C.
La tensión entre la administración de Trump y la ciudad de Washington, D.C., no es algo nuevo.
Durante su tiempo en el cargo, el presidente ha criticado una y otra vez a la ciudad, acusándola de no ser lo suficientemente segura y de manejar mal la inmigración, a pesar de que las estadísticas de criminalidad han variado y las autoridades locales defienden su labor.
La alcaldesa Bowser, por su parte, ha sido una firme defensora de la autonomía de la capital, argumentando que las políticas federales de inmigración no deberían interferir con el trabajo de la policía local.
La amenaza de federalización se basa en la Home Rule Act de 1973, una ley que le da al Distrito de Columbia una autonomía limitada, pero que aún permite al Congreso y al presidente mantener un control considerable sobre los asuntos locales, incluyendo el presupuesto y la legislación.
Trump utilizó una sección de esta ley en una orden ejecutiva anterior para declarar una "emergencia de crimen", lo que le permitió tomar el control del Departamento de Policía Metropolitana durante 30 días.
Sin embargo, la orden expiró porque el Congreso no la renovó, y ellos tienen la última palabra.
¿Cuáles son las consecuencias de la federalización de la policía de Washington D.C.?
La federalización de la policía metropolitana podría traer consigo consecuencias importantes para la ciudad.
Críticos como el Centro para el Progreso Americano han denunciado estas medidas, considerándolas un abuso de poder y una forma de militarización en una ciudad estadounidense.
En la última ocasión en que Trump tomó el control de la MPD, más del 40% de los arrestos en la primera semana de la operación estaban relacionados con la inmigración, según un análisis de Associated Press.
Esto ha generado inquietud en la comunidad inmigrante y ha suscitado preocupaciones sobre la seguridad pública y la relación entre la policía y la comunidad.
La actual disputa se ha intensificado tras la orden ejecutiva emitida por la alcaldesa Bowser, que, aunque no prohíbe de manera explícita la cooperación con ICE, establece que la MPD no está "obligada" a colaborar con la agencia federal en operaciones de inmigración.
La administración de Trump interpretó esto como una falta de cooperación, lo que llevó a la más reciente amenaza presidencial.
La situación legal sigue siendo incierta, y existe la posibilidad de que se presenten desafíos judiciales, como ya ocurrió con el despliegue de tropas federales en Los Ángeles para un propósito similar.
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