Una jueza federal de Arizona detuvo este jueves la deportación inmediata de decenas de niños guatemaltecos y hondureños que ingresaron solos a Estados Unidos.
La jueza de distrito, Rosemary Márquez, emitió una orden preliminar en Tucson, expresando una profunda preocupación por los menores.
Según Telemundo Chicago, la jueza critica la falta de transparencia y coordinación en los preparativos del gobierno para la expulsión de estos menores.
La orden judicial surge en respuesta a una demanda que busca garantizar el debido proceso para los niños. Exigen que se les brinde la oportunidad de presentar sus casos y acceder a asistencia legal, elementos importantes para proteger sus derechos.
Demanda
La demanda fue iniciada por el Proyecto Florence para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados a favor de un grupo de 57 niños guatemaltecos y 12 hondureños, cuyas edades oscilan entre los 3 y 17 años.
El fallo extiende la protección para estos menores, quienes actualmente residen en albergues o hogares de acogida, asegurando que no sean deportados hasta, al menos, el 26 de septiembre.
La jueza Márquez cuestionó directamente el argumento de la administración Trump, que sostenía estar reuniendo a los niños con sus padres en el extranjero. Señalaron que el abogado del gobierno no pudo identificar ni un solo caso de coordinación verificable con un progenitor o con el gobierno de Guatemala.
¿Por qué los quieren deportar?
Este litigio responde a la aceleración de los esfuerzos del gobierno anterior para deportar rápidamente a los menores.
De hecho, el mes pasado, las autoridades notificaron a los albergues, que alojan inicialmente a los niños migrantes no acompañados después de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México, que debían tener a los niños listos para el traslado a Guatemala en cuestión de horas.
Esta prisa se evidenció el 31 de agosto, cuando varios niños llegaron a abordar aviones en Texas con destino a Guatemala antes de que se emitiera una orden de restricción temporal.
La orden judicial también busca que los niños sean reubicados en el entorno menos restrictivo que mejor satisfaga sus necesidades, priorizando su bienestar.
Protección
La protección legal para los niños migrantes no acompañados es un tema de alta sensibilidad que se articula en torno a la Ley de Reautorización de Protección a las Víctimas de Tráfico (TVPRA) y el acuerdo judicial Flores de 1997.
Estos marcos legales establecen que los menores no acompañados de países distintos a Canadá o México tienen derecho a una audiencia de deportación.
esta debe hacerse ante un juez de inmigración y a la posibilidad de solicitar asilo u otras formas de protección legal.
El intento de la administración Trump de acelerar las deportaciones y pasar por alto el debido proceso para estos niños representó un desafío directo a las protecciones existentes diseñadas para resguardar a una población vulnerable de posibles peligros a su regreso.
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