La administración del presidente Donald Trump ha vuelto a poner en el centro de la polémica a los hispanoparlantes de Estados Unidos.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) solicitó a la Suprema Corte que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puedan interrogar a personas únicamente por hablar español o inglés con acento latino.
Argumentan que ello podría constituir una “sospecha razonable” de estatus migratorio irregular, destaca el portal AS.
La propuesta apunta directamente a California, donde residen alrededor de 10 millones de personas que hablan español, según el censo de 2023.
DHS sostiene que, dado que la mayoría de inmigrantes sin papeles provienen de países de habla hispana como México, Honduras, Guatemala y El Salvador, el idioma puede ser considerado un factor determinante para justificar detenciones.
Idioma como pretexto de sospecha
El plan permitiría que agentes de ICE realicen detenciones preventivas basadas únicamente en el idioma o el acento de una persona, sin necesidad de pruebas adicionales sobre su estatus migratorio.
“La aparente etnicidad puede ser un factor que sustente una sospecha razonable”, argumentó DHS en su solicitud.
Críticos advierten que la medida abre la puerta a abusos de autoridad, discriminación y persecución racializada en comunidades latinas.
La realidad demográfica contradice la medida
Los datos muestran un panorama diferente al que plantea la propuesta. En California, el 28,1% de los habitantes habla español, y de esos, unos cuatro millones reconocen que manejan el inglés “no muy bien”.
Sin embargo, investigaciones del Pew Research Center señalan que ocho de cada diez latinos en Estados Unidos ya cuentan con ciudadanía estadounidense, lo que contradice la premisa de DHS de asociar el idioma con un estatus migratorio irregular.
La iniciativa, de ser avalada por la Suprema Corte, impactaría a millones de personas en el estado con mayor número de latinos del país, generando un precedente polémico sobre el uso del idioma como criterio de control migratorio.
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