Tres niños estadounidenses, todos ellos acompañados por sus madres migrantes indocumentadas, fueron deportados recientemente a Honduras desde Louisiana, de acuerdo con una demanda judicial presentada por organizaciones defensoras de derechos migratorios. Entre estos menores se encuentra un niño de 4 años diagnosticado con una forma rara y avanzada de cáncer de riñón.
Esta deportación se realizó sin que las madres tuvieran la opción real de decidir sobre la permanencia de sus hijos en Estados Unidos, y sin acceso adecuado a abogados o la posibilidad de contactar a sus familias para organizar el cuidado de los niños, el portal web de Telemundo reseñó este suceso.
Detalles del caso y denuncia legal
El menor identificado como Romeo, diagnosticado con cáncer en fase 4, había estado recibiendo tratamiento médico crucial en Estados Unidos.
Sin embargo, fue deportado junto a su madre Rosario y su hermana de 7 años. La familia fue detenida durante una cita programada con las autoridades migratorias y posteriormente trasladada a un centro de detención antes de ser enviada a Honduras.
Según la demanda, la madre se opuso explícitamente a que sus hijos fueran deportados y denunció que no se les permitió ni siquiera la oportunidad de tomar decisiones sobre el cuidado de los niños durante el proceso.
Otra familia, encabezada por Julia, también fue deportada con sus hijos, incluyendo una niña de 2 años, bajo circunstancias similares. Los demandantes buscan un juicio con jurado para que se declare ilegal su detención y deportación, y para obtener una indemnización por daños.
Respuesta del Departamento de Seguridad Nacional
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechazó las acusaciones de detenciones ilegales y aseguró que los padres fueron consultados sobre la decisión de deportar a sus hijos junto a ellos.
Según la subsecretaria Tricia McLaughlin, en casos donde existen problemas de salud, ICE garantiza que el tratamiento médico esté disponible en el país de destino. Además, afirmaron que esta política busca evitar la separación familiar y que los padres "pueden controlar su salida" mediante la autoexpulsión.
Sin embargo, organizaciones de derechos civiles califican estas prácticas como ilegales y lamentan la dificultad para que las familias tengan acceso a asistencia legal y médica durante el proceso.
Este evento ha levantado un debate en torno a la política migratoria y el respeto a los derechos de los ciudadanos estadounidenses menores deportados junto a sus familiares indocumentados.
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