Una reciente resolución de la junta de apelaciones de inmigración ha ratificado una política controvertida de la administración Trump, que elimina la posibilidad de fianza para inmigrantes que ingresaron ilegalmente al país, implicando una detención obligatoria.
Esta medida afecta a miles de personas actualmente detenidas y podría extenderse a millones más en diferentes regiones.
La información fue tomada directamente del portal web Los Ángeles News, que reporta los últimos acontecimientos en materia migratoria y judicial relacionados con esta política.
Eliminación de discreción judicial en casos de fianza
Durante años, los jueces de inmigración han tenido la facultad de decidir si un inmigrante podía salir en libertad bajo fianza, considerando factores como el riesgo de fuga o peligro para la comunidad.
Con este fallo, esa potestad queda anulada para quienes ingresaron sin autorización. Esto iguala el tratamiento de residentes de largo plazo con migrantes recién llegados, sometidos a procesos acelerados de deportación sin derecho a fianza.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes señalan que esta política puede resultar en que muchas personas permanezcan detenidas durante procesos judiciales que suelen durar años.
Esto, según expertos legales, dificulta que los afectados puedan defender adecuadamente sus casos. El fallo surge en medio de un incremento en la presión para aplicar nuevas medidas de control migratorio y expansión de detenciones, avaladas recientemente por el Congreso.
Fernando Romo, abogado de inmigración y asesor de la Asociación de Salvadoreños en Los Ángeles, expresó que la política hace "prácticamente imposible" que los inmigrantes puedan pelear sus casos en libertad, ya que la decisión de otorgar la fianza se delega a oficiales de inmigración en lugar de jueces.
Añadió que "lo que busca el Gobierno es desalentar a los inmigrantes a presentar sus casos, especialmente aquellos que llevan años y deberían tener su oportunidad en corte, quieren que acepten la deportación rápida".
El fallo judicial se fundamenta en un caso específico de un inmigrante venezolano detenido tras cruzar la frontera de manera irregular en 2022, estableciendo que los jueces no tienen autoridad para conceder libertad bajo fianza en su situación legal.
La determinación ha generado diversas acciones legales para impugnarla y ha suscitado críticas sobre el efecto que tendrá en miles de familias y comunidades.
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