Según el último fallo de una corte de apelaciones en Estados Unidos (EEUU) las tropas de la Guardia Nacional enviadas a Illinois -por el presidente Donald Trump- no van a salir del estado, pero tampoco van a cumplir, al menos no por ahora, con las funciones por las que habrían sido enviadas.
Se indica que pueden permanecer en el estado y bajo control federal, pero no pueden ser desplegadas para proteger propiedades federales ni salir de patrullaje.
Nos referimos a los 500 miembros de la Guardia de Texas e Illinois que fueron asignados principalmente a un Centro de Reserva del Ejército de Estados Unidos en Elwood, al suroeste de Chicago. Y a otro reducido grupo que fue enviado a un edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Broadview.
Antecedente de la medida
Debe saber que si un presidente invoca la Ley de Insurrección, puede enviar militares en servicio activo a estados que no logren sofocar una insurrección o desafíen la ley federal.
Recordemos que el pasado jueves, la jueza federal April Perry dictaminó bloquear temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional, durante al menos dos semanas, al no encontrar evidencia sustancial de que se esté gestando un "peligro de rebelión" en Illinois durante la campaña migratoria de Trump.
De hecho, el viernes, Perry emitió una opinión que cita una mezcla de leyes e historia, incluidos los Documentos Federalistas, que fueron redactados en 1787-88 para apoyar la ratificación de la Constitución de Estados Unidos.
Ahora, la corte de apelaciones concedió -este sábado- una pausa en el caso hasta que pueda escuchar más argumentos.
Contexto de los despliegues de la Guardia Nacional en EEUU
Lo primero que hay que entender es que estos despliegues intermitentes surgen de una batalla política y legal sobre el impulso de Trump para enviar a la Guardia Nacional a varias ciudades de EEUU.
Por una parte, su gobierno afirma que el crimen es rampante en esas ciudades, a pesar de que las estadísticas no siempre lo respaldan.
Mientas que otros aseguran que estas medidas respondes a represalias políticas a los que se oponen a la administración o las órdenes dadas por la nueva administración, sobre todo en las llamadas ciudades santuario.
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