El Rancho Unified School District, en Pico Rivera, Los Ángeles, ha exigido una investigación federal luego de que un video difundido por el distrito mostrara a alrededor de 10 agentes de ICE y CBP supuestamente orinando en el estacionamiento de la escuela secundaria Ruben Salazar, ubicada junto a un parque infantil y una escuela primaria que realizaba clases de verano.
Este suceso ha encendido una alerta en la comunidad educativa y suscita dudas sobre los protocolos de las agencias federales en espacios públicos compartidos con menores.
¿Cuáles fueron los hechos?
El suceso se habría dado el 17 de junio, entre las 8:54 y 9:04 a.m., cuando varios vehículos, algunos sin identificación oficial, ingresaron sin autorización al plantel, según las cámaras de seguridad.
El personal escolar pidió a los agentes que abandonaran el terreno, dado que no tenían permiso ni orden judicial; tras ello, los videos mostraron a los agentes orinando junto a contenedores en el estacionamiento, muy cerca de zonas donde había niños.
Este incidente ocurre en medio de un aumento en las redadas en Pico Rivera y el Condado de Los Ángeles, incluidas operaciones que han generado protestas y atención legal. Autoridades municipales han comenzado a explorar acciones legales para limitar la presencia de agentes federales en entornos escolares sin órdenes judiciales.
¿Cuál ha sido la reacción comunitaria?
De acuerdo al portal La Opinión, en una carta dirigida al secretario del Departamento de Seguridad Nacional y al director interino de ICE, el distrito calificó los hechos como una “ofensa pública”, que expone a menores a un “comportamiento inapropiado” y carece de “juicio y respeto”.
La Supervisora del condado, Janice Hahn, respaldó la petición de investigación. “Esto es un golpe a nuestras comunidades, especialmente a nuestros niños… es inaceptable”, declaró.
¿Cuáles son las implicaciones legales?
La jurisdicción escolar advierte que podría tratarse de delitos menores, como exposición indecente y allanamiento, según leyes estatales de California.
Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional han asegurado que “el asunto está en investigación”.
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