El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EEUU expandieron significativamente un programa que reembolsa dinero por funciones migratorias.
Según el DHS, los departamentos de policía locales y estatales recibirán reembolsos por su colaboración en la aplicación de las leyes de inmigración.
Esta iniciativa forma parte del programa 287(g), que permite a oficiales locales actuar con autoridad federal para identificar y detener a inmigrantes indocumentados. Actualmente, más de 1 000 agencias policiales en 40 estados participan en estos acuerdos.
¿Desde cuándo aplicarán este reembolso?
A partir del 1 de octubre de 2025, el DHS y el ICE están ofreciendo nuevos incentivos financieros para las agencias que participan en el programa.
Los departamentos de policía que colaboran serán elegibles para un reembolso completo del salario anual y los beneficios de cada oficial capacitado bajo el programa 287(g).
Adicionalmente, se cubrirá el 25% del salario anual de un oficial en horas extra. Como incentivo extra, las agencias pueden ganar premios monetarios trimestrales por desempeño, dependiendo de la efectividad de sus esfuerzos.
Estos premios varían desde $1 000 por cada oficial elegible, si se alcanza entre el 90% y el 100% de éxito, hasta $500, si la tasa de éxito se ubica entre el 70% y el 79%.
Barreras legales y éticas
La implementación de este programa podría enfrentar desafíos legales. Activistas y organizaciones de derechos civiles argumentan que algunas de estas medidas podrían violar leyes importantes.
Una de ellas es lla Cláusula de Igual Protección de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) señalaron en el pasado que la colaboración entre la policía local y las agencias de inmigración puede llevar a la discriminación racial y a violaciones de los derechos civiles.
Desde una perspectiva moral, la iniciativa plantea serios dilemas.
Diversas fuentes, como la Unidad de Ética Policial del Instituto de Liderazgo de la Aplicación de la Ley y académicos en ética aplicada, critican la idea de vincular la aplicación de la ley con incentivos financieros.
Argumentan que esta práctica podría motivar a los oficiales a priorizar la detención de inmigrantes indocumentados sobre crímenes más graves que no conllevan reembolso, lo que podría socavar la confianza de la comunidad en la policía.
Al convertir las detenciones de inmigrantes en una fuente de ingresos, se corre el riesgo de desdibujar el propósito principal de la policía, que es servir y proteger a toda la comunidad, sin importar su estatus migratorio.
Consecuencias
Para las comunidades inmigrantes, este programa genera un ambiente de miedo y desconfianza. El aumento de la colaboración entre la policía local y el ICE podría disuadir a los inmigrantes, incluso a las víctimas de crímenes, de reportar incidentes a la policía por temor a ser deportados.
Esto podría generar una situación de impunidad para los criminales y hacer que estas comunidades sean más vulnerables.
Aunque algunas ciudades conocidas como "santuario" intentan limitar la cooperación con el ICE, la expansión del programa 287(g) podría complicar sus esfuerzos.
Ciudades y condados bajo el programa
A continuación, se presenta una lista actualizada de ciudades y condados en Estados Unidos cuyos cuerpos policiales tienen acuerdos de colaboración con ICE:
- Condado de Gwinnett, Georgia
- Condado de Cobb, Georgia
- Condado de Orange, Carolina del Norte
- Condado de Wake, Carolina del Norte
- Condado de Prince William, Virginia
- Ciudad de Mesa, Arizona
- Condado de Las Animas, Colorado
- Condado de Bristol, Massachusetts
La expansión del programa 287(g) y los incentivos financieros ofrecidos marcan un punto de inflexión en la política de inmigración de EEUU. Al financiar la colaboración policial a nivel local, el gobierno busca fortalecer la aplicación de las leyes de inmigración.
Sin embargo, esta estrategia plantea profundas interrogantes sobre la confianza de la comunidad en la policía, la ética policial y la protección de los derechos civiles.
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