El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos ha destinado una inversión multimillonaria a fortalecer sus herramientas digitales de control migratorio.
La medida incluye la compra de software avanzado para el rastreo de dispositivos, reconocimiento facial y análisis de grandes volúmenes de información en línea.
De acuerdo con información publicada por el portal Univisión, la agencia busca con ello optimizar sus operaciones de vigilancia e identificación de personas consideradas “de interés” por sus bases de datos. El plan se apoya en contratos con empresas tecnológicas que ofrecen soluciones en inteligencia artificial, monitoreo de redes sociales y seguridad informática.
Contratos con empresas tecnológicas
Entre las compañías beneficiadas se encuentra BI2 Technology, especializada en sistemas biométricos, que recibió más de 4 millones de dólares para suministrar equipos de escaneo de iris capaces de funcionar a distancia.
También figuran otras firmas dedicadas al análisis de redes y la interceptación de comunicaciones, como Palantir, proveedor habitual de análisis de datos para agencias federales.
Los informes consultados señalan que estas herramientas permiten localizar personas en tiempo real y cruzar información con bases nacionales e internacionales. Funcionarios implicados sostienen que son necesarios para reforzar la seguridad nacional y combatir redes criminales transnacionales.
Críticas y advertencias legales
Especialistas y organizaciones civiles han advertido sobre el riesgo de vulnerar derechos constitucionales por el uso masivo de estas tecnologías. El abogado Joseph Malouf, consultado por NBC News y Telemundo, indicó que el incremento de vigilancia podría abrir la puerta a persecuciones políticas y abusos sin control judicial.
Los documentos internos filtrados a la prensa también apuntan a que parte del equipamiento podría utilizarse para rastrear a ciudadanos estadounidenses o grupos críticos de las políticas gubernamentales.
Este señalamiento despertó preocupación entre entidades como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Human Rights Watch, que solicitan una moratoria en el uso del reconocimiento facial por parte de agencias federales.
A partir de informes oficiales, se conoció que estas operaciones se concentran inicialmente en centros de detención y oficinas de control migratorio en el estado de Illinois , aunque se prevé su expansión progresiva a otras jurisdicciones en los próximos meses.
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