El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó una normativa de gran alcance que transforma las penalizaciones por la creación, posesión y distribución de imágenes sexuales no consensuadas, conocida como la Ley HB 757.
Esta legislación, vigente desde el 1 de octubre, establece castigos severos, incluyendo penas de hasta 15 años de prisión, a quienes generen, posean o promuevan contenido lascivo sin el permiso explícito de la persona afectada.
La medida introduce una respuesta legal integral para abordar la llamada "pornografía vengativa" y, de manera importante según informó El Tiempo.
La ley incorpora las nuevas amenazas generadas por la Inteligencia Artificial (IA), tipificando como delito grave de segundo grado la alteración o creación de imágenes mediante esta tecnología.
Origen de la ley
El caso de William Stafford, un joven que utilizó un sistema de IA para generar un video explícito a partir de la foto de una estudiante de 16 años, impulsó de forma decisiva la aprobación de esta ley en Florida.
Antes de esta legislación, la familia de la víctima no podía presentar cargos penales contra el responsable por el simple hecho de haber creado y almacenado el contenido sin distribuirlo.
La Ley HB 757 cierra esta laguna legal, al considerar estas acciones como delitos graves según detalla el medio.
La nueva disposición no solo aumenta las penas penales, sino que también faculta a las víctimas a presentar demandas civiles contra los infractores, exigiendo compensaciones por daños de al menos $10 000.
Otras leyes
La ley sobre ciberdelitos sexuales se suma a un conjunto de normativas que el gobernador DeSantis aprobó en 2025, marcando una agenda legislativa estricta en seguridad y control.
Otras leyes relevantes incluyen la HB 1105, la cual prohíbe a los estudiantes de K-8 usar teléfonos celulares durante el día escolar.
En el ámbito de la justicia penal, se reforzaron las sanciones contra los delitos sexuales, como la HB 777, que elimina las defensas basadas en el desconocimiento de la edad de la víctima en casos de incitación a menores.
La ley SB 612 establece una nueva categoría de asesinato en tercer grado para quienes distribuyan drogas que causen una sobredosis mortal.
Además, la SB 948 exige a los propietarios informar a los inquilinos sobre el historial de inundaciones de las viviendas que rentan, protegiendo así los derechos del consumidor.
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