El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos utiliza un controvertido aparato de sujeción corporal conocido como WRAP. Este dispositivo ha sido diseñado para contener personas que representen un riesgo para sí mismas o para terceros.
Sin embargo, su uso en vuelos de deportación e incluso en detenidos ya esposados ha generado críticas, reseña la agencia AP.
Cinco personas denunciaron haber sido sujetadas con este dispositivo en vuelos de deportación. Hay reportes de su uso en 2025 en al menos siete migrantes en varios países.
¿Cómo funciona el WRAP para ubicar inmigrantes?
El WRAP inmoviliza a los inmigrantes durante detenciones y deportaciones, al reducir su capacidad de movimiento. ICE defiende que el uso del WRAP obedece a protocolos establecidos y normas legales vigentes.
Según Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, las restricciones son "normas estándar" aplicadas para proteger a detenidos y personal.
El fabricante del dispositivo ha comercializado más de 10.000 unidades, y el ICE asegura que sus correas pueden aflojarse para permitir funciones básicas. No obstante, defensores de los derechos humanos piden protocolos menos agresivos.
¿Qué han denunciado los migrantes afectados?
Algunos afectados, como el migrante salvadoreño Juan Antonio Pineda, relatan haber sido colocados en el WRAP pese a estar esposados. Pineda fue atado y transportado por horas dentro del dispositivo, sin acceso a agua ni comida, antes de ser deportado.
Estos testimonios han avivado la preocupación entre expertos. La profesora de Derecho Fatma Marouf asegura que atar a alguien de esa manera debería considerarse un recurso extremo después de intentar medidas menos invasivas, pues puede causar daño psicológico significativo.
¿Cuál es el origen de este dispositivo de sujeción?
El origen del WRAP se remonta a fines de los años noventa como una alternativa menos agresiva al método “hog-tie” de inmovilización en cárceles de California. Hoy lo usan más de 1.800 departamentos y centros de detención en Estados Unidos (EEUU).
Los defensores de los derechos humanos piden una revisión estricta de su aplicación y mayor transparencia en los protocolos.
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