Una coalición de legisladores, defensores de los derechos de los inmigrantes y los propios vendedores ambulantes ha hecho un llamado urgente al gobernador de California, Gavin Newsom, pidiéndole que firme una legislación que protegería la información personal de estos trabajadores de las agencias federales de inmigración.
Esta medida, conocida como el proyecto de ley SB 635, tiene como objetivo brindar un respiro a una comunidad que vive con el miedo constante a la deportación y a las agresivas tácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
¿Cuál es el objetivo de la ley de California?
El proyecto de ley SB 635, impulsado por la senadora María Elena Durazo (D-Los Ángeles), ya ha sido aprobado por la Legislatura estatal y ahora espera la firma del gobernador para convertirse en ley.
Su objetivo principal es claro y contundente: proteger los datos personales que los vendedores ambulantes deben proporcionar a los gobiernos locales para obtener sus permisos de venta.
La iniciativa prohibiría que esta información, que incluye detalles como su dirección, nombre y otra información de identificación, sea compartida con ICE y otras agencias federales de inmigración.
Además, el proyecto de ley busca evitar que los programas de permisos locales soliciten información sobre el estatus migratorio de los solicitantes, eliminando una barrera que históricamente ha disuadido a muchos trabajadores de buscar la legalidad por miedo a exponerse.
La aprobación de esta ley es crucial en un contexto donde los operativos migratorios han generado terror en las comunidades de inmigrantes de todo el estado.
Muchos vendedores ambulantes han reportado una disminución en sus ventas y una constante sensación de vulnerabilidad, lo que les ha llevado a trabajar con un bajo perfil para evitar cualquier interacción con las autoridades.
¿Qué implica esta ley para los vendedores ambulantes en California?
Defensores de los derechos de los trabajadores afirman que esta legislación no solo es una medida de seguridad, sino también un acto de dignidad para los miles de vendedores ambulantes que juegan un papel crucial en la economía y la cultura de California.
La senadora Durazo ha señalado que la ley SB 635 asegura que estos trabajadores, muchos de los cuales son el soporte de sus familias, puedan vivir y trabajar sin el temor de ser separados de sus seres queridos a causa de la deportación.
“Las personas inmigrantes continúan enfrentando la amenaza de la separación familiar a través de la deportación. El gobierno federal ha iniciado tácticas agresivas y violentas que están aterrorizando nuestros vecindarios”, declaró la senadora Durazo para Los Angeles Times.
Los defensores de la ley argumentan que los recursos locales del estado deberían destinarse al bienestar de la comunidad, en lugar de reforzar políticas federales de inmigración que, según ellos, "encabezan una campaña de odio inmoral".
Esta medida representa un avance significativo en la protección de los derechos de los trabajadores informales y de la comunidad inmigrante en general.
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