La incapacidad del Congreso de Estados Unidos para aprobar el presupuesto requerido detuvo las operaciones federales este 1 de octubre, marcando el inicio de un "cierre" (o shutdown) parcial de Gobierno.
Esta crisis deja a 750 000 empleados federales en la incertidumbre y genera una fuerte ola de acusaciones entre los principales partidos.
Según NTN24, el cierre obliga a las agencias a dividir sus tareas entre funciones esenciales y no esenciales.
Los empleados considerados esenciales continúan en sus puestos sin recibir sueldo inmediato, mientras que los no esenciales deben quedarse en casa sin paga hasta que los legisladores resuelvan el estancamiento.
Este panorama evidencia la polarización que actualmente domina en Washington D. C., haciendo que la búsqueda de una solución parezca, según expertos como José Rivera, "bastante cuesta arriba, casi imposible".
Disputas
Republicanos y demócratas intercambian duras críticas sobre quién causó la paralización. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, responsabilizó al Partido Demócrata, tildando el cierre de "innecesario y perjudicial".
Johnson alegó que los demócratas priorizan fondos para inmigrantes indocumentados, un extremo que la expresidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, refutó categóricamente, afirmando que la ley federal prohíbe tal asistencia.
Por su parte, el líder de la minoría demócrata, Jaquín Castro, acusó a los conservadores de obstaculizar las ayudas sociales para los trabajadores estadounidenses.
Esta falta de cooperación bipartidista, que el líder republicano John Thune lamentó, hace importante alcanzar un acuerdo rápidamente para minimizar el impacto en la administración pública.
Consecuencias
Las repercusiones de la interrupción van más allá de los salarios no pagados. El cierre amenaza la estabilidad económica del país, afectando a miles de pequeños y medianos comerciantes que dependen de contratos con el gobierno para suministrar bienes y servicios.
El analista José Rivera advirtió que los mercados de valores reaccionarán negativamente. De prolongarse la situación, podría deteriorar el prestigio económico y financiero de Estados Unidos, incluso perjudicando su tasa crediticia internacional.
Por ejemplo, estudios anteriores de la Oficina de Presupuesto del Congreso indicaron que los cierres federales reducen el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) a corto plazo, demostrando el costo tangible de la parálisis legislativa.
La urgencia para resolver esta situación aumenta conforme pasan los días, dada la seria amenaza a la reputación y la salud económica de la nación.
¿Cómo afecta esto al ciudadano?
El cierre de gobierno de EEUU (government shutdown) ocurre cuando el Congreso no aprueba una ley de asignaciones (el presupuesto) para el nuevo año fiscal.
El gobierno federal carece de autoridad legal para gastar dinero, forzando el cese de operaciones no esenciales.
Para el ciudadano común, esto resulta en la interrupción de múltiples servicios. Los parques nacionales cierran sus puertas, por ejemplo.
También se ve afectado el procesamiento de pasaportes y visas, que se ralentiza, y los préstamos federales, como los de la Administración Federal de la Vivienda (FHA) o la Administración de Pequeños Negocios (SBA), pueden sufrir retrasos significativos.
Los servicios de seguridad nacional, el control de tráfico aéreo y los pagos de la Seguridad Social generalmente continúan.
Sin embargo, la interrupción en áreas como la inspección de alimentos, la investigación médica y la emisión de permisos federales afecta directamente la vida diaria.
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