La administración del presidente Donald Trump ha implementado una serie de órdenes ejecutivas que transforman radicalmente la política migratoria en Estados Unidos, eliminando las prioridades establecidas anteriormente para la deportación y ampliando significativamente la aplicación de la ley migratoria.
Bajo estas nuevas directrices, cualquier persona indocumentada en el país puede ser considerada una prioridad para la detención y remoción, sin importar su historial penal o tiempo de residencia.
Esta medida, que entró en vigor en enero de 2025, ha sido descrita por organizaciones de derechos humanos como una de las más drásticas en décadas.
La información fue extraída del portal web de El País , que detalla cómo estas políticas se alinean con el Proyecto 2025, un documento elaborado por conservadores que sirve como hoja de ruta para la administración actual.
Entre las acciones más significativas se encuentra la expansión de la deportación acelerada a todo el territorio nacional, lo que permite a agentes del ICE deportar a personas sin una audiencia ante un juez de inmigración, siempre que no puedan demostrar haber residido continuamente en el país durante más de dos años.
Eliminación de prioridades y detención masiva
Antes de 2025, las políticas de deportación se centraban en tres categorías principales: amenazas a la seguridad nacional, personas con condenas penales graves y recién llegados a la frontera.
Ahora, esas distinciones han sido eliminadas. La orden ejecutiva Proteger al pueblo americano contra la Invasión establece que todos los extranjeros sin estatus legal son una prioridad de aplicación de la ley, lo que incluye a personas que han vivido en el país durante años sin antecedentes criminales.
Esta política ha resultado en un aumento masivo de arrestos. Entre enero y junio de 2025, el ICE realizó 109.000 detenciones en el interior del país, un 120% más que en el mismo periodo del año anterior bajo la administración Biden.
Además, los datos revelan que el 71.5% de las personas bajo custodia del ICE al 21 de septiembre de 2025 no tenían condenas penales, lo que demuestra que la mayoría de las detenciones no se enfocan en delincuentes.
Expansión de la deportación acelerada
Uno de los cambios más controvertidos es la ampliación de la deportación acelerada, un proceso que permite la remoción rápida sin intervención judicial.
Antes, este procedimiento solo se aplicaba a personas detenidas a menos de 100 kilómetros de la frontera y que hubieran ingresado recientemente.
A nivel nacional, el ICE ha aumentado su capacidad de detención en aproximadamente 18.000 camas, elevando el total a 62.000, y ha recibido 45.000 millones de dólares hasta 2029 para expandir aún más los centros de detención.
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