Los operativos anti-inmigración que siguen realizándose en California, Estados Unidos (EEUU), más específicamente en Los Ángeles, por órdenes de la administración de Donald Trump, han llevado a que las autoridades del condado tomen medidas para proteger a la población.
Resulta que este martes, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó, con una votación de 4-1, declarar un estado de emergencia local en respuesta a las continuas redadas de inmigración llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En este sentido, abren la puerta para brindar asistencia a los residentes que, según dicen, han sufrido financieramente por las redadas federales de inmigración en curso.
La medida responde al clima de miedo generalizado y la interrupción de la vida diaria y la economía regional que, según los funcionarios del condado, han sido causados por las redadas.
Se argumenta que las redadas han desestabilizado vecindarios y han provocado que muchos inmigrantes, por temor a ser detenidos, dejen de ir a trabajar, dejen de llevar a sus hijos a la escuela o eviten acceder a servicios esenciales del condado.
Ahora, con esta declaración, se puede agilizar la contratación y adquisición de recursos para abordar la crisis.
Las supervisoras Lindsey Horvath y Janice Hahn (coautoras de la moción), quienes explicaron que la medida tiene como objetivo proporcionar alivio de alquiler y acceder a fondos estatales para asistencia legal
Entienda el alcance de esta declaratoria: ¿Cómo beneficia a los afectados?
Más específicamente, la medida permite a la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles proporcionar alivio de alquiler a los inquilinos que se han atrasado como resultado de la represión contra los inmigrantes.
- Ayuda Financiera Directa (Alivio de Alquiler): uno de los objetivos principales es utilizar los poderes de la declaración de emergencia para proporcionar asistencia para el pago del alquiler a los inquilinos que se han atrasado en sus pagos como resultado directo de las redadas.
Los fondos de alquiler estarán disponibles para las personas que soliciten a través de un portal en línea que, según la oficina de la Supervisora Lindsey Horvath, se espera que se lance en los próximos dos meses.
Por otra parte, la declaración también permite al condado canalizar fondos estatales para la asistencia legal y otros servicios críticos de apoyo a las comunidades afectadas.
Incluso se señala que la moción también podría ser un primer paso hacia una moratoria de desalojo, pero eso requeriría una acción separada por parte de los supervisores.
Sin embargo, hay que tener presente que a los propietarios les preocupaba que pudiera ser otro golpe financiero después de una prohibición extendida de desalojos y aumentos de alquiler durante la pandemia de COVID-19.
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