Se ha dado a conocer que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias en Estados Unidos (FEMA) destinará una cantidad importante de recursos para una causa que no tiene que ver con su gestión de catástrofes naturales o de apoyo a las comunidades por situaciones inesperadas.
Resulta que FEMA inició un "programa de subvenciones de apoyo a la detención" para cubrir el costo de construir que instalaciones temporales, como lo reseña Reuters.
Se está hablando de una asignación de $608 millones de dólares a los estados, parte del impulso del gobierno de Donald Trump para ampliar la capacidad de retención de migrantes.
Esto responde a las intenciones de la Administración Trump, que ha estado alentando a los estados a construir sus propias instalaciones para detener a los inmigrantes.
La justificación detrás de esta inversión multimillonaria es la necesidad de expandir la “infraestructura de detención”, sugiriendo que la detención es la principal respuesta a la llegada de migrantes a la frontera sur.
Así funciona el programa + Florida ya se sumó
Se indica que los fondos serán distribuidos por la FEMA en colaboración con Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, según el anuncio.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha dicho que el DHS recurrirá al programa de refugios y servicios de 650 millones de dólares de la FEMA para financiar el centro de Florida.
Los estados tienen hasta el 8 de agosto para solicitar los fondos.
En respuesta, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, “picó adelante” manifestando que solicitaría el reembolso de la FEMA para pagar su nuevo centro de detención de inmigrantes conocido como "Alligator Alcatraz".
Se destaca que, esta iniciativa no solo aumenta el número de camas de detención disponibles, sino que también descentraliza el control, permitiendo que los estados asuman un papel más activo en la política de detención, con el respaldo financiero del gobierno federal.
Rechazan el polémico anuncio
Sin duda, la decisión marca un giro controvertido para FEMA, cuya misión principal es la preparación y respuesta ante emergencias y desastres.
De hecho, activistas de derechos humanos y legisladores críticos han levantado la voz, argumentando que desviar recursos de una agencia vital para emergencias hacia la detención de inmigrantes es una prioridad equivocada que desnaturaliza la misión de FEMA y fomenta una estrategia basada en la criminalización y el encierro en lugar de soluciones humanitarias.
Como lo reseñan en el portal de Prensa Arizona.
La medida de es vista por sus críticos como otra pieza en el rompecabezas de una política migratoria cada vez más restrictiva, que prioriza la aplicación de la ley y el encierro sobre la gestión humanitaria y la integración de las personas que buscan refugio o nuevas oportunidades en el país.
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