El gobierno de Donald Trump solicitó a la Corte Suprema que permita a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) seguir realizando "patrullas itinerantes" en el sur de California.
Estas patrullas han sido criticadas por ser una posible violación de la Cuarta Enmienda, según fallos de tribunales inferiores.
El problema radica en que agentes de ICE, armados y enmascarados, han detenido a personas de origen latino, incluyendo ciudadanos estadounidenses, cerca de Los Ángeles para interrogarlas sobre su estado migratorio.
Los tribunales han dictaminado que la agencia probablemente no tenía una "sospecha razonable" para justificar estas detenciones, reseña CNN en Español.
Un tribunal de distrito de Estados Unidos ordenó al DHS dejar de detener a personas basándose únicamente en su apariencia étnica, su idioma o el lugar donde se encontraban.
La Corte de Apelaciones del 9º Circuito confirmó en gran medida esta decisión, que afectó a un área limitada de siete condados en California Central.
“Nadie piensa que hablar español o trabajar en la construcción siempre genera sospecha razonable”, explicó el Departamento de Justicia a la Corte Suprema.
“Pero en muchas situaciones, tales factores (por sí solos o en combinación) pueden aumentar la probabilidad de que alguien esté en Estados Unidos de manera ilegal”, agregó.
En este sentido, sentenció que los agentes del ICE deberían “tener derecho a basarse en estos factores al intensificar la aplicación de las leyes de inmigración”.
Organizaciones presentaron demandas contra patrullas de ICE en California
El caso, iniciado por cinco personas y tres organizaciones, es la más reciente de casi dos decenas de apelaciones de emergencia que el Gobierno de Trump ha presentado ante la Corte Suprema, muchas de ellas relacionadas con sus políticas de inmigración.
La jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong falló en contra del Gobierno, señalando que la evidencia era abrumadora. Según su fallo, el tribunal determinó que, efectivamente, el Gobierno de Trump estaba llevando a cabo “patrullas itinerantes sin sospecha razonable” y "negando acceso a abogados", a pesar de los intentos de la administración de argumentar lo contrario.
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