El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) quiere dejar claro a la comunidad: el cierre del Gobierno de Estados Unidos no frena la aplicación de la ley migratoria.
Mientras Washington lidia con la parálisis presupuestaria, la agencia de seguridad sigue operando a toda máquina.
Los funcionarios de ICE han desmentido los rumores que hablan de una entrada libre o de un alto en las redadas, enfatizando que la seguridad fronteriza y el control interno se mantienen firmes.
El mensaje oficial es contundente: las leyes migratorias federales siguen en pie, y la Oficina de Detención y Deportación (ERO) continúa con sus labores sin interrupciones.
El estancamiento político en la capital afecta a cientos de miles de empleados federales, pero no a aquellos que tienen la responsabilidad de proteger la vida y la propiedad nacional.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) clasifica al personal de ICE y a la Patrulla Fronteriza como trabajadores "esenciales".
Esta designación asegura que miles de oficiales sigan en la primera línea de la seguridad, incluso si enfrentan retrasos en sus pagos.
¿Qué ocurre con las funciones del ICE durante el cierre de gobierno de Estados Unidos?
La agencia confirma que sus operaciones de detención permanecen completamente operativas a nivel nacional.
Esto implica que los chequeos (check-ins) y las actividades de aplicación de la ley, incluyendo las redadas, proceden sin pausa en comunidades y lugares de trabajo a lo largo del país.
ICE ejerce su autoridad para identificar, arrestar y remover a individuos que violan las leyes de inmigración, priorizando a extranjeros con antecedentes penales, pandilleros y aquellos que representan una amenaza para la seguridad pública.
La ciudadanía debe entender que el aparato de seguridad federal mantiene una vigilancia total en las fronteras y en el interior, refutando directamente cualquier idea de amnistía o relajación de controles durante la disputa presupuestaria. La agencia reitera que cruzar la frontera sin autorización sigue siendo un delito.
Tribunales y trámites administrativos: la lenta marcha de la justicia
A pesar de que las redadas siguen en marcha, el sistema judicial migratorio está sintiendo el golpe de la falta de fondos. Este cierre afecta de manera desigual a las cortes de inmigración.
Por lo general, solo los casos que involucran a personas detenidas avanzan sin muchas interrupciones, ya que la ley exige que se continúen.
Sin embargo, los casos de personas no detenidas y los calendarios generales suelen ser pospuestos o cancelados, lo que contribuye a un aumento en el ya considerable retraso judicial.
Por otro lado, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Undos (USCIS) siguen funcionando en su mayoría con normalidad.
Esto se debe a que la agencia se financia principalmente a través de las tarifas de solicitud, en lugar de depender directamente de las asignaciones del Congreso.
Los solicitantes deben verificar el estado de sus citas de biometría y entrevistas, pero en general, USCIS sigue procesando las solicitudes de ciudadanía y de Green Card según lo previsto.
El cierre del gobierno representa una crisis política para Washington, pero no significa un respiro para el sistema migratorio.
ICE reafirma que la protección de la nación sigue siendo la máxima prioridad, exigiendo que los migrantes cumplan con todas sus obligaciones legales para evitar órdenes de deportación en ausencia o detenciones.
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