La orden ejecutiva del alcalde Eric Adams para reinstalar una oficina de ICE en Rikers Island desató una tormenta legal y política tras ser declarada “nula y sin valor” por la jueza de la Corte Suprema del Estado, Mary V. Rosado.
La magistrada criticó con dureza el proceso detrás de la Orden Ejecutiva 50, señalando que estuvo contaminado por conflictos de interés y por la falta de recusación del propio alcalde.
En su escrito, Rosado subrayó que Adams no cumplió con los compromisos legales para evitar un posible beneficio personal al emitir la orden.
Un fallo mordaz contra Adams
La jueza citó como prueba el desistimiento de su proceso penal federal en abril y sus apariciones televisivas con Tom Homan, exzar fronterizo de la administración Trump.
“La cronología de las declaraciones públicas y el proceso penal en curso demuestran claramente una apariencia inadmisible de conflicto de intereses”, sentenció Rosado.
La jueza también desestimó el argumento de Adams de que la firma del primer vicealcalde Randy Mastro solucionaba el conflicto: “El vicealcalde no es independiente del alcalde Adams y fue designado específicamente para ejecutar el resultado que ya estaba anunciado”, remarcó.
El Ayuntamiento, los jueces y la pugna por ICE
La decisión formaliza los bloqueos previos que Rosado había dictado contra la medida y detiene cualquier intento de Adams por permitir una oficina de ICE en Rikers.
El fallo responde a la demanda del Ayuntamiento, que acusó al alcalde de fraguar un “acuerdo corrupto” con aliados de Trump para aliviar su situación judicial a cambio de favorecer a ICE.
Mastro, sin embargo, defendió la actuación de la administración. Aseguró que la orden buscaba combatir a las pandillas transnacionales y no perseguir a inmigrantes, al tiempo que expresó confianza en que la apelación permitirá revertir la decisión.
“No existe un conflicto de intereses real en este caso”, dijo el vicealcalde, insistiendo en que actuó con independencia.
El fallo de Rosado profundiza la pugna institucional en torno al rol de ICE en Nueva York y expone el choque entre el poder ejecutivo municipal y el poder judicial sobre un tema que atraviesa tanto la política migratoria como la ética en el ejercicio del cargo.
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