El temor tomó las calles de Washington D.C. desde la militarización de la ciudad por parte del gobierno federal para hacer frente a la criminalidad y a los inmigrantes.
Los operativos de la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad transformaron la rutina de miles de repartidores de comida según informó CNN.
Hombres y mujeres, muchos de ellos inmigrantes venezolanos, ahora circulan con la vista fija en las camionetas sospechosas y evitan las esquinas donde antes se reunían.
Aumento de persecuciones
El miedo de los repartidores no es infundado ya que en las primeras semanas después de la ocupación federal, los arrestos por parte de ICE se multiplicaron por más de diez, según reporta CNN.
Este panorama revela la tensión entre el trabajo que realizan y el riesgo constante de ser detenidos y deportados, una realidad que las grandes empresas tecnológicas de reparto parecen ignorar.
La "economía gig"
Las plataformas de reparto, como DoorDash, Uber Eats y Grubhub, operan bajo un modelo de “contratistas independientes” que les permite eludir responsabilidades laborales directas.
Un informe de la Economic Policy Institute (EPI) señala que este modelo deja a los trabajadores sin protecciones esenciales, como seguro de salud, salario mínimo o compensación por accidentes laborales.
Para un repartidor inmigrante, la situación es aún más precaria, ya que la mayoría de estas plataformas exige un permiso de trabajo o un número de seguro social.
A pesar de esto, muchos migrantes indocumentados logran trabajar usando datos de terceros, lo que los convierte en una fuerza laboral vulnerable y sin ningún tipo de protección legal.
Las compañías se benefician de su trabajo, pero se desentienden de su situación legal, creando una paradoja moral y económica.
El laberinto legal
A pesar de que los activistas argumentan que todos los trabajadores tienen derechos básicos, la realidad es que los contratistas de la gig economy no están amparados por muchas leyes laborales tradicionales.
En respuesta a esta vulnerabilidad, surgieron grupos de apoyo locales y organizaciones como el Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN) en Washington D.C.
Estas organizaciones no solo brindan asistencia legal y asesoramiento, sino que también actúan como una red de seguridad.
Estos grupos crean sistemas de alerta comunitarios a través de aplicaciones de mensajería para notificar la presencia de agentes de ICE y educan a los repartidores sobre sus derechos en caso de un encuentro con las autoridades.
Este tipo de acción colectiva se volvió esencial para la supervivencia de una comunidad que fue abandonada por las empresas que se benefician de su labor.
Batalla por justicia laboral
La historia de los repartidores en Washington D.C. es un microcosmos de un problema mayor: la explotación de los inmigrantes en la economía digital.
Mientras las compañías tecnológicas facturan miles de millones de dólares, la fuerza laboral que las sostiene vive con miedo y precariedad.
Los grupos de apoyo y la resistencia de los propios repartidores son una respuesta valiente, pero la solución definitiva requiere un cambio en las políticas de las empresas y en las leyes que las regulan.
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