Las leyes de Texas recientemente firmadas por el gobernador Greg Abbott buscan transformar el acceso de los veteranos a servicios esenciales en el estado.
A partir del 1° de septiembre, tres nuevas normativas entrarán en vigor con el objetivo de facilitar la reintegración de exmilitares a la vida civil, mejorando su acceso a empleos, salud mental y beneficios estatales, destaca el diario argentino La Nación en su versión web.
Medidas para acelerar la reintegración
La primera, el Senate Bill 1814, establece una base de datos integral que conectará a los veteranos con oportunidades laborales, servicios médicos y asistencia legal, centralizando recursos que antes estaban dispersos en varias agencias.
El Senate Bill 1818 permitirá otorgar licencias profesionales provisionales a veteranos, cónyuges y familiares que se muden a Texas desde otros estados, reduciendo la burocracia y evitando que deban esperar largos períodos para trabajar en sus áreas de especialidad.
Por su parte, la House Bill 114 transfiere a la Comisión de Veteranos de Texas la administración de programas clave de salud mental y prevención del suicidio, áreas consideradas críticas para una población que enfrenta tasas más altas de estrés postraumático y depresión.
Un compromiso con quienes sirvieron
Abbott destacó que estas reformas son parte de un compromiso continuo para que Texas sea “el mejor estado de la nación” para quienes sirvieron en las Fuerzas Armadas.
Organizaciones de veteranos han recibido con optimismo las medidas, asegurando que brindarán soluciones prácticas a problemas que, durante años, han dificultado su estabilidad económica y emocional.
Expertos señalan que la combinación de acceso rápido a empleo, atención médica especializada y apoyo psicológico representa un modelo que otros estados podrían replicar.
El gobierno estatal anunció, además, campañas informativas para que los veteranos y sus familias conozcan estos beneficios y sepan cómo solicitarlos.
Con estas leyes, Texas busca no solo honrar el servicio de sus veteranos, sino también garantizarles una transición digna y respaldada por el Estado.
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