Tennessee ha implementado una nueva ley, la Ley 392 del Senado, que convierte en delito proporcionar ayuda, alojamiento o refugio a personas indocumentadas.
Esta legislación, que entró en vigor el 1 de julio, establece multas de hasta mil dólares por cada persona sin documentos que reciba apoyo según El Imparcial.
La ley ha generado gran preocupación entre ciudadanos, activistas y organizaciones religiosas, ya que las sanciones se aplicarían incluso sin intención de ocultar a los inmigrantes.
Inquietud
La inquietud es palpable entre las comunidades que tradicionalmente brindan apoyo humanitario a migrantes, incluidos ciudadanos estadounidenses.
Estos podrían enfrentar consecuencias legales por ofrecer refugio a familiares sin papeles.
Propietarios que alquilan viviendas a personas indocumentadas también se sienten amenazados por posibles sanciones.
Acciones
En respuesta, el Sínodo del Sureste de la Iglesia Evangélica Luterana en América ha presentado una demanda contra la ley.
Alegan que infringe derechos constitucionales como la libertad religiosa y de asociación, citando ejemplos de iglesias que han ayudado a solicitantes de asilo.
La Coalición para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee (TIRRC) ha criticado la ley, argumentando que no aborda problemas de seguridad o bienestar, sino que actúa como un mecanismo de control punitivo.
Su directora legal, Spring Miller, sostiene que esta norma está diseñada para causar sufrimiento a personas vulnerables.
La demanda, respaldada por el Instituto para la Defensa y Protección Constitucional de Georgetown y el Consejo Americano de Inmigración, fue presentada ante un tribunal de distrito en Tennessee, donde se evaluará si la ley puede mantenerse o si infringe derechos fundamentales.
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