Aprueban nueva ley en Texas: así mejorará la respuesta policial ante tiroteos en escuelas

Con el nombre de "Ley Uvalde Fuerte", esta medida fue finalmente aprobada por el Senado del estado.

Miércoles, 21 de mayo de 2025 a las 02:05 pm
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El lunes, los legisladores de Texas dieron luz verde a un proyecto de ley respaldado por el exalcalde de Uvalde. 

Su objetivo es resolver las fallas en la actuación policial que salieron a la luz durante la titubeante respuesta al tiroteo de 2022 en la Escuela Primaria Robb. 

La legislación ya fue enviada al gobernador, justo antes del tercer aniversario de la masacre, reseña The Associated Press.

En uno de los tiroteos escolares más mortales en la historia de Estados Unidos, 19 estudiantes y dos docentes fueron asesinados, dejando además a 18 personas heridas. El sábado marca el aniversario de esta terrible masacre.

Con el nombre de "Ley Uvalde Fuerte", esta medida fue finalmente aprobada por el Senado del estado y enviada al gobernador Greg Abbott para su firma. 

La legislación busca corregir los serios problemas evidenciados por la respuesta policial, que fue lenta y desorganizada, durante el tiroteo. 

Para ello, establece pautas para mejorar el entrenamiento y la coordinación entre las agencias, así como para garantizar el equipamiento esencial.

¿Qué fallas policiales ocurrieron mientras había un tiroteo en la escuela de Texas en 2022?

Durante más de una hora, cerca de 400 agentes de diversas corporaciones (locales, estatales y federales) esperaron antes de asaltar el aula y neutralizar al tirador. 

En medio de esta demora, describe The Associated Press, se recibían llamadas al 911 de estudiantes aterrados dentro del salón, mientras los padres, desde el exterior, imploraban la intervención de los oficiales. Impresionantemente, algunos agentes escuchaban los disparos mientras permanecían en el pasillo.

Don McLaughlin, el representante estatal republicano que impulsó la legislación, se desempeñaba como alcalde de Uvalde cuando ocurrieron los hechos y expresó su descontento con la actuación de las autoridades en la escena.

“La Ley Uvalde Fuerte tiene como objetivo solucionar las fallas en la comunicación y coordinación que se expusieron en el tiroteo de la Primaria Robb”, expresó McLaughlin. 

“Se trata de mantener nuestras escuelas más seguras... le debemos a las familias tomar acciones que realmente importen”, añadió.

¿Qué establece la recién aprobada Ley Uvalde Fuerte en Texas para mejorar las respuestas en tiroteos escolares?

Esta iniciativa requiere que distritos escolares y cuerpos policiales celebren encuentros anuales para desarrollar estrategias de respuesta a tiradores activos. 

Asimismo, impone a los agentes la obligación de recibir entrenamiento especializado para actuar en escenarios de tiradores activos en centros educativos. 

La legislación también busca elevar el nivel de capacitación en el comando de incidentes y fomentar la cooperación interinstitucional mediante acuerdos de ayuda mutua.

La nueva ley estipula que los distritos escolares deberán tener acceso a, al menos, una herramienta para forzar puertas y un escudo balístico en cada campus. 

Asimismo, exige que los proveedores de servicios médicos de emergencia presenten informes detallados si son requeridos en una situación de tirador activo.

La nueva ley, destaca The Associated Press, estipula que los distritos escolares deberán tener acceso a, al menos, una herramienta para forzar puertas y un escudo balístico en cada campus. 

Asimismo, exige que los proveedores de servicios médicos de emergencia presenten informes detallados si son requeridos en una situación de tirador activo.

Se han presentado acusaciones formales contra Pete Arredondo, el exjefe de policía del distrito escolar de Uvalde, y Adrian Gonzales, expolicía escolar, por múltiples cargos de poner en peligro y abandono de menores. Ambos han negado los cargos, y se espera que sus juicios comiencen en octubre.

Es importante mencionar que, en su búsqueda de justicia, los familiares de las víctimas han iniciado múltiples acciones legales en tribunales federales y estatales. 

Un ejemplo significativo es la demanda de 500 millones de dólares que han presentado contra funcionarios y agentes de la policía estatal de Texas.

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