El 1 de julio entró en vigencia una parte del Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 24-1353, que exige a los comerciantes de armas de fuego obtener un permiso estatal.
Este requisito, según los legisladores, busca combatir la venta ilegal de armas. Sin embargo, propietarios como Rod Brandenburg, de Grandpa's Pawn and Gun, consideran que se trata de una carga innecesaria para sus negocios.
“Nos están imponiendo una carga enorme y pueden imponer estas regulaciones para sacarnos del negocio”, dijo Brandenburg a Fox 31.
El nuevo permiso estatal requiere que cada empleado presente un juego de huellas dactilares y complete un curso de capacitación.
Con solo ocho días para cumplir con estos requisitos, Brandenburg señala que la confusión sobre dónde realizar las tomas de huellas, combinada con el feriado del 4 de julio, convierte este plazo en algo aún más complicado.
Además, el costo del permiso es de $400, lo que añade una presión financiera considerable.
Oficina del sheriff congestionada
Las oficinas del sheriff local también expresan frustración, ya que la nueva normativa ha generado congestión en sus oficinas.
Algunas, como la Oficina del Sheriff del Condado de Larimar, han aclarado en redes sociales que no son proveedores autorizados para la toma de huellas dactilares.
Brandenburg critica la sobreregulación en la industria, señalando que enfrenta múltiples obstáculos de diferentes niveles de gobierno.
Los empleados deben completar su capacitación antes del 31 de julio, y operar sin el permiso correspondiente podría resultar en multas de hasta $250,000.
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