El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está intensificando sus esfuerzos para deportar a más inmigrantes que han sido víctimas de delitos, una decisión que sigue a la eliminación de una política que les ofrecía protección.
La agencia ha aumentado sus acciones, centrándose en personas que antes estaban a salvo de la deportación.
Esta información, reportada por Associated Press, resalta un cambio importante en la política de inmigración que podría tener consecuencias graves para miles de personas vulnerables.
¿De qué trataba esta protección a ciertos inmigrantes?
Bajo la administración anterior, existía una política que permitía a los inmigrantes que colaboraban con las autoridades en la investigación de crímenes obtener un aplazamiento en sus procesos de deportación.
Esta protección, conocida como "acción diferida", tenía como objetivo fomentar la cooperación de las víctimas de delitos, sin importar su estatus migratorio, en la lucha contra el crimen.
La revocación de esta política elimina una salvaguarda esencial, dejando a estas personas en riesgo de ser deportadas.
¿Qué dicen los activistas defensores de inmigrantes
De acuerdo con la Associated Press, abogados de inmigración y defensores de los der?echos de los inmigrantes han manifestado su preocupación por esta nueva directriz.
Argumentan que esta política podría desincentivar a las víctimas de delitos a reportar crímenes, por miedo a ser deportadas.
Esto, a su vez, podría debilitar la capacidad de la policía para investigar y procesar a los delincuentes, lo que podría resultar en un aumento de la impunidad y mayor inseguridad para la comunidad en general.
La decisión de ICE se da en un contexto de políticas de inmigración más severas. Los funcionarios de la agencia defienden esta medida, argumentando que la política de protección anterior era un privilegio que se había mal utilizado, y que la nueva directriz les permite enfocar sus recursos en la aplicación de las leyes de inmigración de manera más efectiva.
Sin embargo, los críticos señalan que esta acción es un paso atrás en la protección de las víctimas y podría tener efectos perjudiciales en la seguridad pública.
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