Un reclamo judicial que cuestiona las detenciones de puertorriqueños en operativos migratorios ha generado atención en diversos sectores.
La demanda, presentada por LatinoJustice PRLDEF, apunta a revisar presuntas irregularidades en el accionar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en especial, alrededor de la investigación sobre posible empleo de perfil racial.
La información que sustenta este caso fue obtenida del portal web de El Diario, donde se detalló que la abogada Stephanie Cordero, principal representante de LatinoJustice, señaló que la audiencia clave para evaluar esta demanda está programada para el 11 de septiembre en un tribunal de Nueva York.
Esto es lo que asegura la experta
LatinoJustice alega que las autoridades federales han incumplido los plazos establecidos por la Ley de Libertad de Información (FOIA) para proporcionar datos sobre las políticas y directrices que dieron lugar a estas detenciones.
Según Cordero, la demanda busca que ICE y DHS cumplan con su obligación de entregar esa documentación de forma acelerada y sin costos adicionales, además de asegurar que no se vulneren derechos constitucionales.
Además, la abogada explicó que la responsabilidad de probar la ilegalidad de la presencia de una persona en el país corresponde al Gobierno, no al individuo detenido.
Sin embargo, las prácticas actuales parecen invertidas, generando arrestos incluso de ciudadanos estadounidenses de ascendencia puertorriqueña, lo que implica la posible violación de derechos fundamentales.
Impacto potencial del caso y contexto de las redadas
El litigio se originó tras denuncias sobre arrestos injustificados a personas de origen puertorriqueño en diversos estados, con incidentes reportados en lugares como Nueva Jersey, Wisconsin y Pennsylvania.
Aunque los boricuas son ciudadanos estadounidenses por nacimiento y, por lo tanto, no deberían estar sujetos a las leyes migratorias típicas, las acciones de ICE han llevado a detenciones basadas posiblemente en perfil racial.
Cordero afirmó que, dependiendo de la información que se obtenga en el proceso legal, podrían presentarse futuras demandas para desafiar políticas que vulneren derechos y que se exhortaría a ICE y DHS a ajustar sus procedimientos para evitar detenciones arbitrarias.
En ese sentido, tener acceso a datos oficiales permitirá a las comunidades afectadas estar mejor preparadas y tomar decisiones informadas.
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