El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha implementado una directriz interna que prohíbe a millones de inmigrantes indocumentados solicitar audiencias de fianza ante un juez de inmigración.
A partir de ahora, su liberación solo será posible si un oficial del gobierno lo autoriza mediante un proceso conocido como parole, sin intervención judicial.
¿Cuál es el alcance de la medida?
Según el memorando firmado por el director interino de ICE, todos los inmigrantes que arribaron sin autorización legal quedan automáticamente excluidos de la petición de fianza judicial, y deberán permanecer en detención durante todo su proceso migratorio.
La única excepción la decidirá un funcionario de inmigración, nunca un juez. Anteriormente, esta restricción solo se aplicaba a inmigrantes con antecedentes penales graves. Con esta nueva política, incluso aquellos sin historial delictivo pierden el derecho a audiencia de fianza, indicó el portal Telemundo.
¿Qué riesgos existen en esta detención prolongada?
Al eliminar la posibilidad de audiencias judiciales, ICE asegura que estos migrantes quedarán bajo custodia durante todo el tiempo que dure su procedimiento de deportación, que puede prolongarse meses o incluso años.
Expertos legales advierten que la medida otorga demasiado poder discrecional a las autoridades y reduce la posibilidad de revisión judicial, lo que limita la protección legal de los individuos.
¿Cuáles son las reacciones de las personas?
La nueva directiva forma parte de una ronda más amplia de políticas migratorias restrictivas. En paralelo, el Congreso aprobó una reforma fiscal que destina $45.000 millones para ampliar la red de detención de ICE, incluyendo la construcción de nuevas instalaciones como Alligator Alcatraz, que operan en condiciones criticadas por defensores y legisladores.
Organizaciones como la American Immigration Lawyers Association han calificado la medida de inconsulta con la ley, y anticipan pleitos judiciales. Algunos jueces migratorios ya estarían desafiando la política, negándose a aplicarla. Sin embargo, ICE ha recurrido al sistema judicial para reintegrar tales casos a la normativa.
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