Los estudiantes extranjeros en Estados Unidos enfrentan un panorama de mayor incertidumbre luego de que el gobierno de Donald Trump reactivara un proyecto para restringir su permanencia en el país.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que fijará un límite temporal a la estadía de los alumnos internacionales, reseña el diario argentino La Nación en su versión web.
Esta decisión marca un cambio radical respecto al sistema aplicado desde 1978, que permitía permanecer mientras se cursaran estudios a tiempo completo bajo el esquema de “duración del estatus”.
Períodos fijos y nuevas restricciones
La nueva norma establece que los titulares de visas F, J e I —estudiantes universitarios, visitantes de intercambio y periodistas extranjeros— tendrán períodos fijos de admisión, de hasta cuatro años en el caso de los alumnos.
Para representantes de medios de comunicación, el plazo inicial sería de 240 días, con posibilidad de prórroga. En el caso de programas de idiomas, la permanencia no podrá superar los 24 meses.
Además, los estudiantes de posgrado deberán abandonar Estados Unidos en un plazo máximo de 30 días tras culminar sus estudios, frente a los 60 días que rigen actualmente.
También quedará prohibido cambiar de programa académico sin autorización del DHS.
Críticas y efectos económicos
Organizaciones educativas alertaron que la propuesta podría afectar la llegada de estudiantes internacionales y, con ello, la innovación y competitividad del país.
Miriam Feldblum, directora de la Alianza de Presidentes, aseguró que “los estudiantes internacionales merecen la garantía de que su período de admisión se ajuste a los requisitos de sus programas académicos”.
Por su parte, Fanta Aw, CEO de Nafsa, advirtió que la norma “actuará como un elemento disuasorio adicional para los estudiantes internacionales que eligen estudiar en Estados Unidos”.
El DHS, en cambio, defendió la medida alegando riesgos de seguridad, casos de fraude e incluso espionaje ligados a estudiantes del Partido Comunista Chino.
La agencia anticipó que recibiría más de 205 mil solicitudes anuales de prórroga, con un costo superior a 76 millones de dólares para instituciones educativas.
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