Utilizar documentación falsa en Estados Unidos es un delito federal que conlleva serias consecuencias legales: desde multas de hasta 5.000 dólares por cada documento alterado, hasta condenas de 15 años de prisión si se trata de reincidentes.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) considera estas acciones una amenaza a la seguridad nacional, lo que activa la vigilancia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre quienes incurran en ellas.
Además, quienes usen papeles falsos pueden ser expulsados del país, perder beneficios migratorios adquiridos o quedar inhabilitados de por vida para ingresar a Estados Unidos, destaca el medio Conexión Migrante.
Estas medidas han cobrado relevancia tras la confesión del empresario mexicano Lorenzo Castro Manzanares, de 43 años, quien se declaró culpable en una corte federal de Missouri por emplear y albergar a inmigrantes indocumentados en sus restaurantes utilizando documentación falsa.
El Departamento de Justicia lo acusa de operar una red criminal entre 2018 y 2021 en la que proporcionaba identificaciones fraudulentas a trabajadores extranjeros sin papeles para sostener su cadena de restaurantes en Missouri y Kansas.
Empresario operaba red ilegal para mantener su negocio competitivo
Castro, residente de Springfield y dueño de una docena de locales, no solo contrataba a los migrantes, sino que también les facilitaba viviendas registradas a su nombre.
A través de formularios I-9 adulterados y tarjetas de Seguro Social falsas, mantenía a su plantilla trabajando sin interrupciones y con una “ventaja comercial” frente a sus competidores legales.
Incluso después de ser acusado y liberado bajo fianza, Castro continuó las operaciones ilegales.
Otros implicados
Además del empresario, están implicados ejecutivos de su empresa de distribución de alimentos, Specialty Food Distribution, así como gerentes de locales en Columbia, Jefferson City, West Plains y otras ciudades.
Ahora enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión, sin opción a libertad condicional.
Su caso ha sido citado por las autoridades como un ejemplo de los riesgos legales que implica emplear o utilizar documentación fraudulenta en los Estados Unidos.
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