Este miércoles el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el fin del TPS para venezolanos que optaron al beneficio en el año 2021. La decisión pone a miles de familias venezolanas en un limbo legal, enfrentando el miedo a la deportación.
Organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) expresan su rechazo, argumentando que la situación en Venezuela sigue siendo crítica y no permite un retorno seguro.
“La gente que huyó de la crisis no tiene a dónde volver. Esta decisión ignora la realidad de la represión política, la escasez de alimentos y el colapso de los servicios públicos que aún existen en Venezuela,” declaró en un comunicado el abogado de la ACLU, David H.
Impacto social
Para muchos beneficiarios del TPS, Estados Unidos es su hogar. Construyeron vidas, tienen trabajos y sus hijos estudian en el sistema escolar estadounidense.
La terminación del estatus no solo amenaza su seguridad, sino que también desestabiliza las comunidades donde se integraron.
En Miami, por ejemplo, reside una gran población venezolana y esta decisión es un revés a los esfuerzos de integración.
Muchos voceros de ONG proinmigrantes han expresado en diversas oportunidades que el fin del TPS no solo afecta a los individuos, sino también a la economía local.
Jugada política
La justificación de la administración Trump, que vincula el TPS con la seguridad fronteriza y el interés nacional, tiene un claro matiz político, según detallan diferentes medios locales.
La medida es un paso más en la agenda de endurecimiento de las políticas migratorias, en particular con miras a las próximas elecciones presidenciales.
La congresista María Elvira Salazar, en una declaración pública, se opuso firmemente a la terminación del TPS, llamando a la administración a reconsiderar la decisión.
Salazar afirmó que ignorar la devastadora realidad en Venezuela es una traición a los valores de de Estados Unidos.
La congresista solicitó en reiteradas oportunidades al gobierno extender el TPS y a trabajar en una solución permanente que permita a los venezolanos vivir y trabajar sin temor a la deportación.
Otras alternativas al TPS
Ante la inminente pérdida del TPS, los venezolanos afectados buscan otras opciones legales para permanecer en Estados Unidos.
La principal vía que exploran es el asilo político, un proceso complejo que exige demostrar un "miedo creíble" de ser perseguido en Venezuela por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política.
También pueden considerar la petición de estatus de refugiado, aunque este proceso se inicia fuera de Estados Unidos.
Abogados de inmigración recomiendan además evaluar otras visas que se adapten a su perfil, como aquellas basadas en empleo, habilidades especiales o lazos familiares con ciudadanos estadounidenses.
Expertos aconsejan buscar asesoría legal inmediata, ya que cada caso tiene particularidades que pueden hacer la diferencia.
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