Entre 2022 y 2025, las facturas de electricidad en Estados Unidos aumentaron un 13% en promedio, según la Administración de Información de Energía EIA. Esto representa un desafío significativo para la comunidad hispana que ya enfrenta gastos básicos con ingresos limitados.
En estados como Luisiana, el incremento fue del 14.1% en solo un año, y casi 60 compañías de servicios públicos planean aumentar sus tarifas en 2025, afectando a millones de hogares.
El calor extremo del verano obliga a los aires acondicionados a funcionar continuamente, llevando a residentes en lugares como Pembroke Pines, Florida, a pagar hasta $500 al mes.
Este aumento genera dilemas difíciles, donde muchos deben decidir entre pagar la electricidad o comprar medicamentos o comida.
Situación complicada
La situación se agrava aún más con la reciente eliminación de créditos fiscales que ayudaban a financiar mejoras energéticas, como bombas de calor y paneles solares.
Esto hace lejana la posibilidad de hacer de los hogares lugares seguros contra las inclemencias del clima justo cuando las facturas siguen aumentando.
La Comisión de Servicio Público de Nueva York, por ejemplo, aprobó un incremento que hará que un hogar promedio pague $600 más al año por electricidad y gas para 2028.
Así, las familias hispanas se ven forzadas a elegir entre necesidades básicas como comida, renta y electricidad, multiplicando la presión económica sobre jóvenes y adultos de mediana edad.
¿Por qué suben las tarifas?
La decisión de aumentar las tarifas no es arbitraria; las compañías a menudo citan la necesidad de modernizar una infraestructura obsoleta o cubrir los crecientes costos operativos.
En sus solicitudes ante las Comisiones de Servicios Públicos Estatales (PUC), las empresas defienden estos aumentos como necesarios para garantizar un servicio confiable y sostenible.
Sin embargo, los críticos señalan que estos argumentos no siempre justifican el impacto en los consumidores.
Polémica por los aumentos
Expertos en el sector energético, como el analista financiero Paul C. Gunter, del Centro de Recursos de Información Nuclear (NIRS), cuestionan si estos aumentos son la única forma de financiar mejoras.
En lugar de buscar alternativas de inversión, las compañías optan por transferir los costos a los usuarios, que tienen pocas opciones.
Grupos de defensa del consumidor, como la Alianza de Consumidores (CFA), denuncian que estas tarifas excesivas a menudo se aprueban con poca supervisión, dejando a los hogares sin protección.
La falta de transparencia en la fijación de precios y la influencia de las grandes corporaciones en el proceso regulatorio generan un ciclo de aumentos que deja a los consumidores en una posición vulnerable.
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