La divulgación de material íntimo sin consentimiento, un acto conocido en Venezuela como “pornovenganza” o difusión no consentida de contenido sexual, representa un delito sancionado por la Ley Especial contra los Delitos Informáticos.
De acuerdo con lo establecido en la ley, las personas que incurran en este tipo de acciones podrían ser castigadas con penas de prisión de entre cuatro y ocho años.
En los últimos meses, los organismos de seguridad nacionales han detenido a varias personas por delitos relacionados con la difusión de material audiovisual con contenido sexual.
En un hecho reciente, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó sobre la captura de un hombre, que agredía a su expareja y amenazaba con publicar un video íntimo para silenciarla.
El detenido quedó identificado como Jorge Enrique Morales Trujillo, de 43 años de edad. Se conoció que el implicado no aceptaba la ruptura de su relación sentimental, de casi un año, por lo que agredía verbal y físicamente a su expareja.
Además, la acosaba y hostigaba sexualmente a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp. En sus mensajes, la amenazaba con divulgar un video íntimo, el cual grabó sin el consentimiento de la víctima.
Morales aseguraba que, si ella no accedía a tener relaciones sexuales con él, publicaría el video en las redes sociales.
El caso quedó puesto a la orden del Ministerio Público.
Encontraron un celular con imágenes íntimas
En otro hecho, dos hombres quedaron detenidos, tras ser acusados por el delito de extorsión en el estado Anzoátegui.
De acuerdo con el reporte del Cicpc, los implicados amenazaban a una mujer con revelar imágenes íntimas.
Los dos sujetos quedaron identificados como C. Palma, de 21 años de edad; y A. Rivas. De 25 años, quienes encontraron un teléfono celular tirado en plena vía pública, el cual contenía un video íntimo de la propietaria.
Tras observar el audiovisual, los sujetos ubicaron el perfil de Facebook de la dueña del teléfono y la contactaron.
Fue entonces cuando le exigieron a la víctima dinero en efectivo, en divisas americanas, a cambio de no publicar el video íntimo.
La víctima contactó a las autoridades del Cicpc para reportar su situación y funcionarios coordinaron una entrega controlada del dinero, tras la cual lograron aprehender a los extorsionadores.
Durante su captura, los hombres portaban dos teléfonos, en los cuales se hallaron evidencias que los vinculaban con el caso.
Ambos quedaron a la orden del Ministerio Público.
Extorsionaba a sus víctimas tras mantener encuentros sexuales
Un caso que captó la atención de todo el país fue el de la joven Keidy Alexandra Bastidas, quien fue detenida por el Cicpc en Aragua, por su responsabilidad en el delito de extorsión.
La mujer se dedicaba a captar a sus víctimas por medio de ofertas de servicios sexuales, para luego grabar los actos sexuales sin que las víctimas percataran.
Posteriormente, les exigía grandes sumas de dinero, a cambio de no publicar los videos.
Tras su captura, se le incautó como evidencia un celular en el cual se encontraron los videos.
Isabella Ladera y Beéle
La reciente disputa entre la “influencer” Isabella Ladera y el reguetonero Beéle, llamó la atención de la población sobre este tipo de incidentes. En este caso, la creadora de contenido informó que iniciaría un procedimiento legal en contra del cantante, a quien acusó como responsable por la publicación de un video en el cual se les puede observar a ambos en la intimidad.
En tal sentido, dese la cuenta de Instagram @soytuabogada se explica qué pasaría de demostrarse la responsabilidad en la difusión del video por parte del artista.
En una publicación de la cuenta, especializada en asuntos legales, se explica que, si el video es publicado por una de las personas participantes del video, “la responsabilidad penal es aún más clara”.
Si se demuestra la responsabilidad del artista, aplicaría la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual establece sanciones por violencia mediática, psicológica y digital. “Aquí se estaría vulnerando la intimidad, dignidad y reputación de la mujer”, detalla la abogada.
Además, la víctima podría interponer demandas por “daños morales y patrimoniales”, debido a que “hecho así afecta la imagen pública y la vida privada de la víctima”
“Si Beéle hubiese filtrado ese video, no estaríamos hablando de un simple error o un chisme, estaríamos frente a un delito con graves consecuencias penales y civiles en Venezuela”, añadió la legista en su video.
Por ello, recordó que grabar un video íntimo no es ilegal. Sin embargo, “el verdadero delito es difundirlo sin consentimiento”.
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