El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) implementó una política que permite que inmigrantes sin estatus legal, que buscan la residencia permanente a través de la petición de un cónyuge o familiar, puedan ser sujetos a procedimientos de deportación.
Esta medida afecta tanto solicitudes nuevas como pendientes desde el 1 de agosto, y se aplica a todas las peticiones familiares para residencia.
La información fue tomada del portal web de Telemundo Chicago, que detalla las implicancias y alcance de esta política. Según el USCIS, la iniciativa tiene como propósito garantizar la integridad del sistema migratorio y prevenir fraudes y amenazas a la seguridad nacional mediante una revisión más estricta y entrevistas presenciales en algunos casos.
Procedimientos y alcance de la nueva directriz
Esta política permite al USCIS iniciar procesos de deportación en cualquier fase del trámite migratorio por familia, incluso mientras la solicitud está en trámite, algo que no se esperaba anteriormente salvo en casos graves como violaciones penales.
Cerca de 520,000 peticiones I-130 se presentaron en la primera mitad de 2025, muchas de las cuales corresponden a personas en situación irregular o con estatus migratorio vencido. El manual del USCIS recalca que la presentación de una petición familiar no confiere estatus legal ni evita la deportación.
Impactos y perspectivas sobre la inmigración
Expertos en políticas migratorias sostienen que este cambio representa una mayor presión en el proceso de ajuste de estatus para muchos inmigrantes. Afecta tanto a quienes ingresaron ilegalmente como a aquellos con visas que expiran mientras esperan resolución.
Líderes en derechos de inmigración señalan que la medida puede generar temor en familias que cumplen con la ley, y que se alinea con un enfoque más estricto en materia migratoria por parte del gobierno federal.
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