Un inmigrante hondureño de 24 años murió tras ser atropellado en una autopista de Virginia mientras intentaba escapar de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El caso de Josué Castro Rivera ha generado conmoción y reavivado las denuncias sobre los operativos migratorios del gobierno de Donald Trump, luego de que otros tres inmigrantes fallecieran recientemente en circunstancias similares en Chicago y California.
Un intento de huida que terminó en tragedia
Josué Castro Rivera, quien residía en Norfolk y se dirigía a su trabajo de jardinería, fue interceptado el jueves pasado por agentes del ICE.
Según el relato de su hermano, el joven intentó escapar cuando los oficiales detuvieron el vehículo en el que viajaba junto a otros tres pasajeros.
En su intento por cruzar la autopista Interestatal 264, fue arrollado por una camioneta Ford y murió en el lugar.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que el operativo fue “enfocado y basado en inteligencia” y que Castro Rivera “resistió fuertemente la detención y huyó”.
Sin embargo, la familia del hondureño afirma que no representaba peligro alguno y que solo buscaba ganarse la vida para enviar dinero a sus seres queridos en Honduras. “Tenía un buen corazón”, expresó su hermano, quien ahora busca fondos para repatriar el cuerpo.
Más muertes en operativos migratorios
El caso de Castro Rivera no es aislado. En los últimos meses, al menos tres inmigrantes han muerto durante operativos del ICE en distintas partes del país.
En Chicago, un mexicano fue baleado fatalmente durante una parada de tráfico. Inicialmente, el DHS aseguró que un agente había resultado “gravemente herido”, pero las grabaciones corporales demostraron lo contrario, desatando indignación y pedidos de transparencia.
En California, un agricultor cayó de un techo durante una redada del ICE en julio y falleció poco después por las lesiones sufridas.
Un mes más tarde, otro hombre murió tras ser embestido por un vehículo mientras huía de agentes federales.
Estos incidentes, ocurridos en medio de operativos catalogados como “enfocados”, han reavivado el debate sobre el uso excesivo de la fuerza, la falta de protocolos claros y las consecuencias humanas de las políticas migratorias.
Organizaciones defensoras de los derechos civiles exigen una investigación independiente y mayor rendición de cuentas por parte del gobierno federal.
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