Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), celebró como “una enorme victoria para el estado de derecho” la decisión del Quinto Circuito de Apelaciones de Estados Unidos, que bloqueó la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA) de 1798 en el caso de migrantes venezolanos.
“El presidente no puede simplemente declarar una emergencia militar y luego invocar los poderes que quiera”, advirtió, calificando la medida de la administración Trump como un uso indebido de una norma de tiempos de guerra para regular la inmigración en tiempos de paz.
En la misma línea, Ilya Somin, profesor de Derecho y coautor de un escrito amicus curiae presentado junto con el Cato Institute y el Brennan Center for Justice, consideró acertado el fallo.
“Buena decisión”, escribió en X, destacando que la proclamación presidencial carecía de base jurídica.
Los límites de la “invasión”
El fallo del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, entendió que la inmigración irregular no equivale a una "invasión armada" ni a una "incursión depredadora", condiciones necesarias para aplicar la AEA.
La mayoría de jueces concluyó que un algunos venezolanos señalados de pertenecer a una banda no constituye una fuerza organizada con capacidad militar ni cumple con las acciones hostiles definidas en la ley de 1798.
La orden judicial preliminar fue aprobada por los jueces Leslie Harburd Southwick e Irma Carrillo Ramírez.
En contra votó Andrew Oldham, nombrado por Donald Trump. Hasta que la Corte Suprema emita un pronunciamiento final, la medida es vinculante para los tribunales federales en Louisiana, Mississippi y Texas.
Reacciones y advertencias legales
La decisión llega tras meses de litigio, donde migrantes venezolanos denunciaron deportaciones inmediatas a países como El Salvador bajo acusaciones sin pruebas de pertenecer a una banda.
Gelernt subrayó que algunos fueron enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) sin oportunidad de defenderse.
Katherine Yon Ebright, experta del Brennan Center for Justice, advirtió que la AEA “no requiere pruebas concretas de que un extranjero represente una amenaza”, lo que abre la puerta a deportaciones rápidas basadas en meras sospechas.
De forma similar, el juez federal James E. Boasberg ya había bloqueado en marzo estas expulsiones desde el Distrito de Columbia, al recordar que la norma fue diseñada para contextos bélicos y no migratorios.
Incluso alertó sobre un posible desacato del gobierno tras deportar a 238 venezolanos pese a su orden.
El debate legal ahora apunta nuevamente hacia la Corte Suprema, que deberá determinar si el Ejecutivo puede invocar una ley de más de dos siglos para justificar deportaciones masivas en un escenario sin guerra declarada ni invasión extranjera.
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