El Gobierno de Donald Trump dio luz verde a una medida que autoriza el nombramiento de hasta 600 abogados militares como jueces de inmigración de forma temporal.
Según la agencia Associated Press, la decisión, que elimina el requisito de experiencia previa en la materia, busca abordar la creciente acumulación de casos en los tribunales migratorios.
Con esta acción, el Ejecutivo pretende duplicar el número de magistrados para responder a una crisis de atraso procesal con expedientes pendientes que superan de 186 000 en 2008 a más de 3.5 millones en 2025.
¿De dónde viene la decisión?
Según un memorando del 27 de agosto, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, autorizó el despliegue de estos abogados en grupos de 150, con nombramientos temporales que pueden extenderse en función de las necesidades del Gobierno.
El Departamento de Justicia (DOJ) justificó la flexibilización de los requisitos, señalando que la experiencia previa "no siempre es un buen predictor del éxito".
Este cambio representa un giro radical frente a la política anterior, que exigía al menos diez años de experiencia en derecho migratorio o ser exjuez.
Implicaciones
La designación de jueces sin experiencia en leyes de inmigración y con cargos renovables representa una seria preocupación para la comunidad migrante.
Adriel Orozco, de la organización American Immigration Council, denuncia que el Gobierno prioriza la velocidad sobre la justicia según informó El País.
Según Orozco, esta medida podría incentivar a los jueces a tomar decisiones alineadas con la agenda de la administración, poniendo en riesgo el debido proceso para los solicitantes de asilo y otros inmigrantes.
La falta de conocimiento especializado podría llevar a errores judiciales, afectando la vida de miles de personas, afirman algunos voceros.
¿Se puede frenar la medida?
A pesar de la medida, varias leyes y principios del sistema legal estadounidense podrían utilizarse para frenarla.
Los defensores de los inmigrantes podrían invocar la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda de la Constitución, que garantiza a todas las personas, sin importar su estatus migratorio, el derecho a un proceso judicial justo.
También podrían argumentar una violación del principio de separación de poderes, si se demuestra que el Ejecutivo está politizando el poder judicial para fines partidistas.
La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración señala que los nombramientos basados en lealtad política, en lugar de en la experiencia, podrían resultar en una avalancha de apelaciones, agravando el retraso en lugar de resolverlo.
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