El destino de la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos (EEUU) sigue siendo un tema polémico ante la falta de una decisión definitiva e inapelable, siguen emitiéndose fallos que bloquean las intenciones de la actual administración de Trump.
Estamos hablando de la orden emitida por Trump en enero, la cual pretende negar la ciudadanía a los niños nacidos de padres que viven en EEUU ilegal o temporalmente.
Resulta que, ahora una jueza federal en Maryland dictaminó que el gobierno del presidente Trump no puede negar la ciudadanía a los niños nacidos de personas que se encuentran en EEUU, temporalmente o sin autorización.
Se trata de la jueza federal de distrito Deborah Boardman.
Esta orden judicial preliminar no ha sido del todo una sorpresa, se esperaba desde que, en el mes de julio, dijera que daría tal orden si un tribunal de apelaciones le devolvía el caso.
Lo cual sucedió.
Trayectoria + Alcance del fallo
Se debe tener en cuenta que, en febrero, Boardman emitió una orden judicial preliminar con la que bloqueó la orden de Trump a nivel nacional.
Sin embargo, el fallo de la Corte Suprema federal en junio anuló esa decisión y otras resoluciones judiciales que bloqueaban la orden en todo el país.
Con esta nueva orden preliminar, se han emitido cuatro decisiones judiciales que bloquea a nivel nacional la orden del mandatario sobre la ciudadanía por nacimiento.
Se especifica que, desde junio, otros dos tribunales de distrito, al igual que un panel de jueces de apelación, también han bloqueado la orden de ciudadanía por nacimiento a nivel nacional.
Más específicamente, en su fallo de este jueves, Boardman determinó que todos los niños que han nacido o nacerán en EEUU después del 19 de febrero de 2025, los cuales se verían afectados por la orden de Trump, pueden interponer una demanda colectiva en contra de la medida.
En este sentido, la juez considera que “es extremadamente probable” que los demandantes ganen su argumento de que la orden de ciudadanía por nacimiento viola la 14ª Enmienda de la Constitución de EEUU.
Haciendo referencia a la cláusula de ciudadanía que dice que todas las personas nacidas o naturalizadas en el país, y sujetas a la jurisdicción estadounidense, son ciudadanos.
Alegando que, probablemente, sufran un daño irreparable si la orden entra en vigor.
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