El alcance de las leyes anti-inmigrantes en Estados Unidos (EEUU) está pasando factura, no solo a la propia comunidad, indocumentada o no, sino que ahora también afecta a quienes les tiendan la mano.
Resulta que, en el estado de Tennessee, desde el 1 de julio, ha entrado en vigor una medida que castiga a cualquier persona que dé cobijo a un migrante sin papeles.
Y es que, desde ahora, es considerado un delito, como lo reseña el portal de El País.
Estamos hablando de la ley 392 del Senado, que penaliza a cualquier persona que “albergue u oculte, o ayude a otra a albergar u ocultar, dentro de este Estado, a un individuo del que la persona sabe o debería haber sabido que ha ingresado o permanecido ilegalmente en los Estados Unidos”.
La normativa estipula multas de 1.000 dólares por cada indocumentado que se albergue.
Vale la pena destacar que, la ley especifica que se excluirán de las multas a los abogados que les brinden servicios y a los centros de salud donde acudan para recibir asistencia médica.
Demandan a la ley por aclarar su alcance y excepciones
Sin embargo, la falta de claridad en el alcance de la ley causa suspicacia y gran preocupación entre las organizaciones que tratan temas migratorios o que ofrecen ayuda directa a los inmigrantes.
Advierten que podría afectar a esta ONG que ofrecen apoyo, incluyendo a iglesias, que les dan cobijo. Y también puede afectar a familiares con los que conviven.
De hecho, se ha dado a conocer que, un mexicano residente legal en el país, que teme ser procesado por brindar refugio a su hija y a su yerno, el propietario de una casa alquilada a unos indocumentados y el Sínodo del Sureste de la Iglesia Evangélica Luterana en América, han presentado una demanda contra la legislación.
En la demanda, el Sínodo afirma que la Sección 5 de la norma viola los derechos de sus iglesias, pastores y congregantes amparados por la Primera Enmienda para el libre ejercicio de su religión y la libertad de asociación con migrantes con fines religiosos.
Asegura que la iglesia no revisa los documentos de nadie y que “tiene la intención de seguir brindando refugio a los inmigrantes de esta manera en el futuro”.
Así mismo, señalan que también ha realizado campañas de donación para ayudar a amueblar apartamentos para migrantes y ha brindado asistencia para el alquiler.
Ahora, vale la pena destacar que los responsables de introducir la ley en la Cámara de Representantes y el Senado de Tennessee, el representante Chris Todd y el senador Brent Taylor, respectivamente, han descartado que se refiera a los familiares
Han especificado que el delito solo se comete si se recibe una compensación por el servicio prestado al migrante.
El problema es que eso no está especificado en la ley. Por lo que la aclaración de los legisladores no convence a los expertos, que temen que el impacto sea mucho más profundo en la comunidad.
Más detractores
Sus detractores aseguran que la nueva ley “no mejora la vida de los habitantes de Tennessee ni protege la seguridad pública, sino que busca enfrentar a los vecinos”.
Así lo consideró Spring Miller, directora de estrategia legal de la Coalición para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee (TIRRC).
Haciendo referencia cómo puede ver afectada la labor de las iglesias y cómo puede poner contra la espada y la pared a las familias que tienen seres queridos indocumentados en sus hogares.
Esta coalición (TIRRC), el Instituto para la Defensa y Protección Constitucional (ICAP) de la Facultad de Derecho de Georgetown y el Consejo Americano de Inmigración (MPI), también presentaron la demanda.
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