En Texas se está consolidando un nuevo marco legal que implicará consecuencias penales para quienes participen en la manufactura, distribución y envío de pastillas abortivas, incluso si estas acciones se realizan desde otros estados.
La propuesta legal también contempla incentivos económicos para los residentes que participen activamente en la denuncia contra médicos y compañías suministradoras.
La información fue obtenida del portal web de la Agencia EFE y revela que esta iniciativa legal obtuvo recientemente la aprobación del Senado estatal y ahora se encuentra en revisión en la Cámara de Representantes.
La ley define como delito todas las actividades relacionadas con la receta, transporte y distribución de pastillas abortivas dentro y hacia Texas, al tiempo que habilita a los ciudadanos a demandar bajo la condición de que no se señale a las mujeres embarazadas o a quienes consumen esas pastillas tras un aborto espontáneo.
Restricción previa: límite de seis semanas para abortar
El estado ya aplicaba una legislación que limita el aborto a las primeras seis semanas de gestación, un periodo en el que muchas mujeres aún desconocen que están embarazadas.
Esta regulación ha obligado a que muchas recurran a viajar fuera del estado o a optar por abortos medicados a través de telemedicina con doctores ubicados en otras regiones, particularmente tras el fallo del Tribunal Supremo de EE.UU. que anuló la sentencia Roe vs. Wade en 2022.
Posiciones opuestas: esto dicen los provida y proabortistas
Según un informe de la Sociedad para la Planificación Familiar, entre julio de 2023 y junio de 2024 se promediaron 2.800 abortos vía telemedicina por mes en Texas. Organizaciones defensoras de los derechos reproductivos, como la Asociación Americana de Libertades Civiles (ACLU), han rechazado la propuesta, calificándola de extrema y alertando que generará temor entre proveedores y aislará a las personas embarazadas.
Blair Wallace, directora de salud reproductiva para Texas de ACLU, declaró: «Esta ley alentará a los vecinos a vigilar la vida reproductiva de los demás, aislando aún más a las mujeres embarazadas y castigando a quienes las cuidan».
Por su parte, grupos antiaborto como Texas Right For Life destacan que los abortos medicados son la principal amenaza actual contra los no nacidos y respaldan el cierre de instalaciones físicas en favor de métodos en línea.
El senador Bryan Hughes, uno de los defensores clave de esta legislación, explicó que la propuesta busca detener la llegada de miles de píldoras abortivas enviadas al estado cada año, que según él, son usadas sin supervisión médica y pueden causar complicaciones graves o incluso la muerte.
También subrayó que las mujeres que consuman estos medicamentos no serán penalizadas, y que la ley está dirigida a quienes fabrican y distribuyen las píldoras.
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