Los padres y estudiantes inmigrantes en Oklahoma, Estados Unidos (EEUU), se encuentran en una situación difícil debido a la aceptación que está teniendo una propuesta que podría ser excluyente y discriminatoria.
Se ha dado a conocer que la Junta Educativa de Oklahoma aprobó una propuesta que exige a los padres presentar una prueba de ciudadanía o del estatus migratorio legal de sus hijos antes de inscribirlos en las escuelas públicas.
La aprobación de dio este martes 28 de enero, por unanimidad, aunque aún debe ser refrendada por el Congreso estatal y el gobernador del estado, como lo señalan en el portal de La Visión.
Con esta aprobación no se impide que los estudiantes sin estatus legal sean inscritos, ni se les impida asistir a la escuela.
Esto, debido a un fallo de la Corte Suprema en 1982 que refrendó el derecho de los niños sin estatus legal a recibir educación en el país, conocida como Plyler vs. Doe.
Pero, servirá para recabar información sobre la cantidad de estudiantes inmigrantes en las escuelas de la región.
Entendiendo la propuesta de Oklahoma
Hay que entender que, aunque esta medida no es directamente excluyente, indirectamente causa el mismo efecto que una prohibición, que en este caso lleva a una auto prohibición, en la población inmigrante debido al temor.
Lo cierto es que preocupa que esta información pueda ser utilizada para servir como elecciones de “blanco” de las políticas de deportación, con la actual situación que se vive con las redadas.
Aunque aseguran que la medida tiene como propósito contar cuántos estudiantes de inmigrantes ilegales hay en las escuelas, para “ubicar” de manera más eficiente al personal y distribuir los recursos en función de la cantidad de estudiantes inmigrantes en las aulas, según lo indicó el superintendente estatal republicano Ryan Walters.
La población inmigrante pone en tela de juicio esta razón.
Se debe tener presente que algunos legisladores republicanos han cuestionado la necesidad de permitirle a los inmigrantes el acceso a las escuelas públicas.
Como resultado, la medida es catalogada por sus detractores (organizaciones de derechos civiles y educadores) como “discriminatoria”.
La preocupación de la comunidad inmigrante le está llevando a preguntarse si deberían cancelar la inscripción de sus hijos debido a la presión que esta medida podría generar.
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