El mandato de la presidenta peruana, Dina Boluarte, pende de un hilo. Una mayoría de fuerzas políticas en el Congreso ha impulsado de urgencia un pedido de vacancia (destitución) por su presunta "incapacidad moral permanente" para controlar el incremento del crimen organizado en el país.
La presión popular se disparó tras el reciente ataque con armas de fuego que sufrió el popular grupo musical Agua Marina en Lima, considerado un símbolo de la inacción del Ejecutivo ante la ola criminal que afecta a todos los sectores sociales.
Partidos de Gobierno giran hacia la destitución
Los partidos conservadores que hasta ahora respaldaban a Boluarte, incluidos Fuerza Popular (Keiko Fujimori) y Alianza Para el Progreso (César Acuña), anunciaron su apoyo al fin del mandato. Congresistas de diversas bancadas han calificado la gestión de "inutilidad" e "incapacidad" para combatir la inseguridad.
El futuro de la presidenta, cuya aprobación es del 3%, se definirá en el Congreso unicameral, donde se necesitan 87 votos para aprobar la destitución. De concretarse, Boluarte sería la quinta presidenta peruana en dejar el cargo prematuramente desde 2016.
El Ejecutivo "aceptará la decisión"
El primer ministro, Eduardo Arana, anunció que el Gobierno "aceptará la decisión que tome el Congreso", sometiéndose al control político. Arana defendió la gestión de Boluarte, negando la inacción, pero reiteró que las autoridades "no se aferran al cargo", aunque señaló que la crisis de criminalidad "no se resuelve con una vacancia."
Mientras tanto, el abogado de la presidenta, Juan Carlos Portugal, negó categóricamente los rumores de que Boluarte planee solicitar asilo o fugarse del país. "Ella no es una delincuente para hacerlo", declaró.
El Congreso se apresta a debatir y votar la moción final de vacancia, cuyo resultado podría acelerar las elecciones generales de 2026.
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