Ecuador enfrenta una nueva ola de protestas por la eliminación del subsidio al diésel. El presidente Daniel Noboa respondió con una medida extraordinaria en siete provincias.
Según reportes de EFE, los bloqueos y manifestaciones se intensificaron desde el lunes en zonas como Pichincha, Carchi, Azuay e Imbabura, generando tensión social y política.
Ecuador: claves del estado de excepción decretado por Noboa
El presidente Daniel Noboa declaró el estado de excepción por “grave conmoción interna” en siete provincias del país. La medida responde a bloqueos viales, protestas y denuncias de inseguridad que afectan la libre circulación y el orden público.
La decisión implica restricciones al derecho de reunión durante 60 días en Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas. Además, se trasladaron temporalmente las sedes del Ejecutivo y la Vicepresidencia a Cotopaxi e Imbabura, respectivamente.
¿Qué implica el estado de excepción en Ecuador?
El decreto presidencial suspende aglomeraciones en espacios públicos durante todo el día. Sin embargo, permite manifestaciones pacíficas que no afecten los derechos de otros ciudadanos ni paralicen servicios esenciales.
El Gobierno justifica la medida como una intervención excepcional para garantizar la paz social. Según el documento oficial, busca frenar la radicalización de las protestas y evitar mayores daños a la población.
El detonante: eliminación del subsidio al diésel
Desde el sábado, el precio del galón de diésel subió de $1,80 a $2,80. Este incremento afecta directamente a sectores como el transporte, la pesca y la producción agrícola.
Aunque el Gobierno inició la entrega de compensaciones, el malestar persiste. Más de 1.600 transportistas recibieron incentivos productivos, y 70.000 productores accedieron al bono RAÍCES de $1.000.
Inseguridad en las vías: otra causa del descontento
Manifestantes denuncian robos, extorsiones y violencia en las carreteras. Por ello, exigen mayor presencia estatal y medidas concretas para garantizar su seguridad.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) lidera el rechazo a las reformas. El movimiento indígena considera que la eliminación del subsidio vulnera derechos económicos y sociales.
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