Esvin Juárez y Rosmeri Miranda-López son una pareja guatemalteca, que llegaron a Estados Unidos hace 22 años. Acá se casaron y formaron una familia que hoy se ve disuelta tras las redadas antiinmigrantes de Donald Trump.
La pareja, que residía en Apopka, Florida, tuvo cuatro hijos que hoy claman al gobierno de Trump que le devuelva a sus padres deportados según trabajo de BBC.
La pareja fundó una exitosa empresa cementera que actualmente da empleo a 16 personas. Sin embargo, su cruce irregular de la frontera ha dejado una huella de incertidumbre en sus vidas.
Historia de una odisea
A pesar de sus esfuerzos por obtener un estatus legal, incluyendo una solicitud de visa U que fue reconocida como legítima por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la situación dio un giro drástico en junio.
A principios de mes fueron deportados y separados de sus hijos, quienes permanecen en EE. UU.
Este tipo de separaciones ha aumentado desde el regreso de Donald Trump a la presidencia, quien prometió implementar "la mayor deportación en la historia", afectando a muchas familias migrantes.
Beverly Juárez, de 21 años, se ha convertido en la cabeza de su familia, asumiendo la responsabilidad de cuidar a sus tres hermanos menores, César, Josué y Valery, mientras lucha por la repatriación de sus padres.
Juntos han creado videos en redes sociales que han acumulado millones de visualizaciones, pidiendo ayuda al presidente.
Beverly ha expresado su compromiso de aparcar sus propios sueños para apoyar a su familia.
La abogada Grisel Ybarra, que representa a los Juárez desde 2021, explica que el único error de la familia fue no presentarse a una audiencia de migración debido al miedo y la falta de conocimiento del proceso.
Esvin Juárez, el padre, recuerda que él y su esposa, Rosmeri, fueron interceptados por la Patrulla Fronteriza al llegar a EE. UU.
Sin embargo, aunque fueron liberados con la condición de comparecer ante un juez, no pudieron hacerlo al establecerse en Florida, lo que resultó en una orden de deportación en ausencia.
A pesar de este obstáculo, han buscado reabrir su caso y regularizar su estatus, asistiendo a citas con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Dificultades con la visa
En 2021, Esvin Juárez y su hermano enfrentaron una difícil situación cuando fueron víctimas de un atraco armado en su negocio de cemento, justo cuando se les notificó que no recibirían más aplazamientos en sus procedimientos de deportación.
A pesar de haber sido herido en el incidente, Esvin mostró reticencias a acudir a urgencias por miedo a ser detenido.
Su abogada, Grisel Ybarra, le recomendó no solo buscar atención médica, sino también reportar el atraco a la policía.
Con la certificación policial que confirmaba su colaboración en la investigación, Ybarra presentó en 2024 una solicitud para la visa U, diseñada para proteger a las víctimas de crímenes que colaboran con las autoridades, permitiéndoles vivir y trabajar en EE. UU. por hasta cuatro años.
En diciembre pasado, los Juárez recibieron una notificación de "buena fe" por parte de USCIS, lo que les otorgó una protección temporal contra la deportación mientras se evaluaba su solicitud.
Sin embargo, al acudir a la oficina del ICE, Esvin fue detenido y su esposa arrestada poco después, siendo deportados a Guatemala.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumentó que Esvin era un "inmigrante ilegal criminal" debido a infracciones de tránsito y a su entrada irregular al país.
Sin embargo, la abogada de Esvin sostiene que las infracciones ya fueron consideradas por USCIS y que la única base para su deportación es su entrada ilegal, la cual no debería ser catalogada como un crimen grave.
Una lucha incansable
Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero, con la promesa de deportar a 11 millones de indocumentados, las detenciones de inmigrantes han aumentado drásticamente.
El gobierno afirma que sus operaciones se centran en criminales y amenazas a la seguridad pública.
Sin embargo, un informe del Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse revela que aproximadamente el 44% de los 51,302 inmigrantes detenidos por ICE hasta el 1 de junio no tenían antecedentes penales, más allá de su entrada irregular a EE. UU.
Beverly Juárez compartió su angustia al ver a su madre salir de la oficina de ICE con un grillete GPS, tras recibir solo 12 días para organizar su regreso a Guatemala antes de ser detenida oficialmente.
Beverly describió esos días como una "locura absoluta", durante los cuales su familia intentó desesperadamente evitar la deportación de su padre y, al no lograrlo, se enfocaron en presionar para traerlo de regreso y levantar la orden de expulsión de su madre.
Ayuda por redes sociales
Mientras su abogada presentaba una moción de emergencia para suspender la deportación ante el Tribunal de Apelación del Undécimo Circuito, Beverly Juárez y su familia recurrieron a TikTok para generar apoyo.
A través de una serie de videos que acumularon millones de visualizaciones, Beverly se dirigió directamente al presidente Trump y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, pidiendo ayuda para su padre.
La familia eligió las redes sociales por su amplio alcance, lo que les permitió conectar con más personas de manera efectiva en comparación con métodos tradicionales como llamadas o correos electrónicos.
Además de su campaña en línea, Beverly también organizó una protesta frente a la oficina de ICE en Orlando, donde recibió el apoyo de organizaciones comunitarias y congresistas estatales demócratas que exigieron un alto a las deportaciones y una revisión de los procesos de detención.
A medida que se agota la vía legal, la abogada Ybarra planea presentar una nueva acción en el tribunal federal por presuntas violaciones del debido proceso.
Mientras tanto, Esvin Juárez, el padre, se encuentra en Guatemala, apoyando a su familia desde la distancia, mientras Beverly se hace cargo de sus hermanos y del negocio familiar en Apopka.
La joven, que también estudia ingeniería mecánica en la Universidad de Florida Central, enfrenta el desafío de equilibrar sus responsabilidades familiares con sus estudios.
Juárez reconoce que la situación actual podría dificultar su regreso a la universidad una vez que terminen las vacaciones de verano.
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