Los inmigrante en Illinois, Estados Unidos (EEUU), se han anotado un victoria a su favor, y es que una decisión judicial a frenado el intento del Departamento de Justicia de obligar al estado a cooperar con los agentes migratorios.
Se ha dado a conocer que una jueza federal en Illinois desestimó una demanda impulsada por la Administración Trump contra el estado, la ciudad de Chicago y el condado de Cook, que intentaba frenar la implementación de políticas de ciudad santuario.
Estas leyes limitan la colaboración de las autoridades locales con agentes federales de inmigración.
Este fallo responde a la demanda, que fue presentada en febrero, bajo el liderazgo de la recién confirmada fiscal general Pam Bondi, que alegaba que las así llamadas leyes santuario “frustran” los intentos federales para hacer cumplir las leyes de inmigración.
La demanda contra Illinois argumentaba que las leyes locales van en contra de las leyes federales al restringir “a los gobiernos locales compartir información de inmigración con funcionarios policiales federales”, y al impedir que los agentes de inmigración identifiquen a “individuos que podrían estar sujetos a un proceso de deportación”.
Vale la pena destacar que, Chicago ha sido una ciudad santuario durante décadas y ha fortalecido sus leyes varias veces. Esto, incluso durante el primer mandato de Trump en 2017.
Esto dice el fallo + Reacción del gobernador
Como resultado, la jueza federal Lindsay C. Jenkins, designada por el anterior presidente Joe Biden, accedió a la petición de los demandados para desestimar el caso.
Resolviendo que EEUU no tiene legitimidad para demandar al estado por sus políticas de santuario.
En un documento de 64 páginas, Jenkins explicó que las leyes de Illinois están protegidas por la Décima Enmienda de la Constitución, que garantiza a los estados autonomía sobre los poderes no asignados al Gobierno federal.
Además, añadió que acceder a la solicitud del Departamento de Justicia de Trump habría sido equivalente a “eludir la Décima Enmienda” y permitir al Gobierno federal ejercer un control directo sobre los estados, algo expresamente prohibido por la Constitución.
En este sentido, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, manifestó estar satisfecho con la decisión, reiterando que la ciudad es más segura cuando la policía se enfoca en las necesidades de los habitantes de Chicago.
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