La Cámara de Representantes de Florida lanzó una propuesta tributaria en respuesta a la postulada por el gobernador Ron DeSantis sobre el impuesto a la propiedad.
La iniciativa fue del presidente de la Cámara, Daniel Pérez, y marca un punto de inflexión en la política fiscal del estado.
Según informa La Nación, Pérez propone una reforma tributaria que se someterá a votación en 2026, en respuesta a la propuesta del gobernador Ron DeSantis de eliminar los impuestos a la propiedad.
Argumentos
Acusó a DeSantis de no presentar un plan claro sobre cómo se financiarían los servicios públicos esenciales si se implementara esta eliminación.
Para abordar esta situación, Pérez ha creado un Comité Selecto sobre Impuestos a la Propiedad, cuyo objetivo es diseñar una enmienda constitucional que será evaluada por los votantes en noviembre de 2026.
El comité llevará a cabo un análisis de varias reformas fiscales que podrían cambiar drásticamente la manera en que los floridanos manejan sus impuestos sobre la vivienda.
¿Qué establece la nueva propuesta?
Entre las propuestas se encuentran la obligación de realizar referendos sobre la eliminación del impuesto a la propiedad, la creación de nuevas exenciones para propietarios mayores.
También la posibilidad de que la Legislatura ajuste las exenciones sin necesidad de enmiendas constitucionales.
Además, se propone establecer límites más estrictos en el aumento de las valuaciones fiscales y prohibir la ejecución de viviendas principales por deudas de impuestos a la propiedad.
Con esto se busca un equilibrio entre el alivio fiscal y las necesidades de financiamiento de los gobiernos locales.
Diferencias con DeSantis
Las diferencias entre la Cámara de Representantes y el Senado, liderado por Ben Albritton, también son notables en el ámbito fiscal.
Mientras que DeSantis aboga por la eliminación total del impuesto a la propiedad, Pérez sugiere una reducción en otros impuestos, como el de ventas y el alquiler comercial.
Albritton, por su parte, ha presentado un plan más modesto que incluye la eliminación del impuesto a las ventas en ropa y calzado de bajo costo.
La tensión entre ambas cámaras se refleja en la discrepancia de $4,400 millones en sus planes de gastos para el próximo ejercicio fiscal, con múltiples intentos de conciliación sin éxito hasta el momento.
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