Una nueva legislación fiscal que avanza en el Congreso de Estados Unidos ha encendido las alarmas entre organizaciones defensoras de migrantes, al establecer un impuesto del 3.5 % sobre las remesas enviadas al extranjero.
Esta sin duda es una medida que impactará directamente en la economía de millones de familias migrantes que sostienen a seres queridos en sus países de origen.
¿Qué dicen los estudios al respecto?
De acuerdo con datos del Banco Mundial, de los que toma nota la Agencia EFE, Estados Unidos es el mayor emisor de remesas a nivel global. Solo en 2023, se enviaron más de $85,800 millones de dólares desde el país, según el centro de estudios Migration Policy Institute.
Los principales destinos de estos fondos son países de América Latina, como México, Guatemala, El Salvador y Honduras, donde representan una fuente vital de ingresos para hogares enteros.
La nueva ley, promovida como parte de un paquete de medidas para "reforzar la responsabilidad fiscal", incluye además una serie de limitaciones al acceso de los migrantes a programas sociales y beneficios fiscales, profundizando así la exclusión económica de comunidades ya vulnerables.
¿Cuáles serán estos cambios que afectarán a las familias migrantes?
Uno de los puntos más polémicos del nuevo marco legal es la exclusión del Crédito Tributario por Hijos (CTC, por sus siglas en inglés) para familias donde al menos uno de los padres carece de estatus migratorio regular o no posee un número de Seguro Social.
Esta medida impide que muchas familias mixtas, donde uno de los progenitores es ciudadano o residente y el otro es indocumentado, puedan acceder a este crédito que tradicionalmente ha aliviado la carga tributaria de los hogares con menores ingresos.
El CTC fue clave en la reducción de la pobreza infantil durante la pandemia, y su exclusión podría revertir avances recientes en materia de bienestar social, afectando principalmente a niños ciudadanos estadounidenses con padres inmigrantes.
¿Cuáles han sido las reacciones de los expertos?
Organizaciones como el National Immigration Law Center y líderes comunitarios han advertido que estas políticas podrían profundizar la desigualdad y aumentar la precariedad de los trabajadores migrantes, muchos de los cuales ya enfrentan dificultades económicas severas.
“La medida no solo penaliza a quienes envían remesas, sino que castiga a las comunidades más vulnerables al restringir derechos básicos como el acceso a la salud y el alivio fiscal”, declaró en un comunicado Marielena Hincapié, abogada experta en derechos migratorios.
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