En Tennessee, Estados Unidos (EEUU), se eleva la preocupación entre la comunidad inmigrante y es que se aprobó -este 12 de agosto de 2025- la conversión de una antigua prisión a un centro de detención para indocumentados, esto es lo que se sabe.
Estamos hablando de West Tennessee Detention Facility, en el pequeño pueblo de Mason, un centro de detención de inmigrantes operado por CoreCivic, una empresa privada, bajo contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), como lo reseña Nueva News.
La decisión fue tomada en lo que fue descrito como “una tensa reunión pública”, que desató protestas de residentes y activistas que denuncian el historial de abusos de ICE y CoreCivic.
Detalles sobre la aprobación
El Consejo Municipal, liderado por el alcalde Eddie Noeman, votó 4-1 a favor del contrato con CoreCivic, con dos abstenciones, y 3-2 para el acuerdo con ICE, también con dos abstenciones.
Sin embargo, se indica que los contratos, fueron finalizados un día antes de la votación, y estos no fueron compartidos con el público.
El alcalde Noeman, quien destaca por ser un inmigrante egipcio-estadounidense, defendió la reapertura como una oportunidad económica para Mason, que enfrenta problemas financieros y de infraestructura.
Y es que CoreCivic promete crear 240 empleos con salarios iniciales de $26.50 por hora, generar $325,000 en impuestos anuales y $200.000 en tarifas de impacto.
Vale destacar que, cuando estaba operativa, la prisión era el mayor empleador del pueblo, ubicado a 40 millas de Memphis.
Esto se sabe sobre la prisión + Detractores
La West Tennessee Detention Facility había sido cerrada en 2021, tras la orden del entonces presidente Joe Biden de no renovar contratos con prisiones privadas.
Además, CoreCivic, antes conocida como ‘Corrections Corporation of America’, enfrenta un historial de controversias.
Y es que, entre 2016 y 2024, la empresa pagó $4.4 millones para resolver 80 demandas por maltrato, incluyendo 22 muertes de reclusos en sus instalaciones en Tennessee.
Sin embargo, Trump revirtió esa orden en enero, permitiendo la reactivación de este tipo de instalaciones.
Ahora esta reabrirá para albergar a hasta 600 inmigrantes.
Por su parte, la concejal Virginia Rivers se opuso, argumentando que la medida hace a Mason “cómplice del trato abusivo a inmigrantes”.
La política argumentó sobre el hecho de que muchos detenidos no tienen antecedentes penales y son separados de sus familias, lo que podría dañar a la comunidad y a las escuelas de Tennessee.
Incluso la oferta de generar empleos tiene sus fallas, activistas como Charles Watkins denunciaron la explotación de comunidades negras como Mason, de mayoría afroamericana.
Esta nueva prisión se acopla con la percepción de centros como el de Alligator Alcatraz en Florida, donde denuncias de maltrato han generado demandas de grupos de derechos civiles.
Por su parte, ACLU ha asegurado que monitorear las operaciones del centro para garantizar el respeto a los derechos de los detenidos.
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